El proyecto aprobado en primera legislatura requiere de una segunda ratificación prevista para enero de 2027 para incorporarse formalmente al texto constitucional. La modificación no solo prolonga la estancia en el ejecutivo de Ortega —quien gobierna de forma continua desde 2006—, sino que amplía a siete años los periodos de todos los cargos electivos, así como las mandatos de las jefaturas del Ejército y de la Policía Nacional. Adicionalmente, traslada la fecha oficial de toma de posesión del 10 al 18 de enero.
En el plano político, el nuevo marco normativo prohíbe el acceso a candidaturas, cargos públicos o dirección de partidos a cualquier ciudadano que el régimen considere ligado a financiamiento extranjero, sanciones internacionales, actuaciones contra la soberanía o calificado como «traidor a la patria». Esta disposición blinda en la Carta Magna un cerco operativo que faculta al Consejo Supremo Electoral a cancelar personerías jurídicas y anular postulaciones sin margen de apelación para sectores adversarios.
La maniobra parlamentaria generó una inmediata reacción de la diplomacia norteamericana. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que la enmienda desmantela los últimos vestigios democráticos en el país centroamericano e instó a los socios internacionales a interrumpir las relaciones comerciales y el trato diplomático ordinario con el gobierno nicaragüense. Asimismo, la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y la ONU manifestaron su preocupación por el deterioro del orden institucional.
Analistas y referentes opositores exiliados señalan que la decisión de prorrogar el periodo hasta 2028 busca postergar cualquier tipo de negociación sobre apertura política en el ámbito internacional. Con la votación unánime del bloque oficialista, la administración nicaragüense consolida el control absoluto del aparato estatal, reduciendo al mínimo la posibilidad de competencia electoral en el corto plazo.
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