El pronunciamiento de la nucleación opositora enfatiza que las personas privadas de libertad se encuentran bajo la tutela directa y la responsabilidad indelegable del Estado paraguayo. En ese sentido, la conducción partidaria recalcó que el cumplimiento de una sanción penitenciaria o prisión preventiva no suprime el derecho fundamental a la vida, la salud y la integridad física, garantizados de forma obligatoria para todos los ciudadanos sin importar su afiliación política o condición procesal.
El documento remitido por la agrupación señala la urgencia de esclarecer las discrepancias surgidas tras las evaluaciones clínicas en el Hospital Nacional de Itauguá. Los representantes del partido consideraron prudente investigar si las contusiones y traumatismos constatados en el rostro y tronco corresponden a un evento accidental o si fueron provocados por un ataque en la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza, solicitando al Gobierno la provisión de información oficial, cronológica y científicamente respaldada.
Entre las exigencias planteadas al Ministerio Público y a las autoridades penitenciarias, el partido demandó la inmediata preservación de todas las grabaciones de las cámaras de seguridad del penal, los libros de registros de la guardia, los partes médicos de urgencia y cualquier otro elemento probatorio. Asimismo, reclamaron que se garantice la debida atención médica para el exgobernador, como también el resguardo y la seguridad integral de eventuales testigos o personas que dispongan de datos sobre lo acontecido.
Finalmente, el pronunciamiento concluye advirtiendo que la ciudadanía requiere total claridad sobre los hechos y que no se tolerarán omisiones ni encubrimientos en la causa. La dirigencia sostuvo que de comprobarse una agresión física se deberá procesar a los responsables directos e instigadores, mientras que en caso de comprobarse negligencia o falta de auxilio institucional deberán determinarse las responsabilidades administrativas correspondientes.
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