El Ministerio de Justicia realizó este lunes una requisa general en el Centro Nacional de Prevenidos, exPenitenciaría de Tacumbú, con el acompañamiento de la Policía Nacional, como parte de las acciones destinadas a fortalecer la seguridad y el control dentro del sistema penitenciario.
El procedimiento abarcó pabellones, celdas, espacios comunes y oficinas administrativas del establecimiento. Participaron aproximadamente 180 agentes de la Policía Nacional, además de personal de Antinarcóticos y canes detectores de drogas.
Tras la intervención fueron incautados objetos cortopunzantes, estoques, bebidas alcohólicas, presuntas sustancias estupefacientes, teléfonos celulares y elementos utilizados para la conexión de cargadores.
El coronel (SR) Rubén Peña, director general de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, señaló que, por la dimensión del establecimiento, la cantidad de droga encontrada no sería significativa, aunque remarcó que su presencia constituye una irregularidad.
“Para el tamaño de lo que es el Centro Nacional de Prevenidos, es algo que no es significativo, pero aun así es algo irregular; no debería estar acá”, manifestó.
Investigan posible ingreso de objetos prohibidos
Consultado sobre la eventual complicidad de funcionarios penitenciarios ante el hallazgo reiterado de celulares y otros elementos prohibidos, Peña sostuvo que estos objetos no deberían ingresar si los controles de seguridad funcionaran correctamente.
“Todo lo que ustedes ven acá no pudo haber ingresado al sistema penitenciario si los sistemas de seguridad son eficientes”, afirmó.
El director reconoció que existen funcionarios que no cumplen adecuadamente con sus funciones, aunque destacó también el trabajo del personal penitenciario que sí desempeña correctamente sus tareas.
“Así como hay excelente personal penitenciario, obviamente que hay algunos que no hacen su trabajo como debería ser. Y esto nos indica que todavía tenemos un largo camino que recorrer para hacer la mejora de nuestro sistema”, expresó.
Peña indicó que las medidas posteriores incluirán capacitación del personal y la determinación de responsabilidades individuales. En caso de comprobarse faltas graves, no descartó la desvinculación de funcionarios e incluso la intervención del Ministerio Público si existieran indicios de responsabilidad penal.
Cámaras e inhibidores de señal
Respecto al sistema de videovigilancia del Centro Nacional de Prevenidos, Peña reconoció que actualmente es “incipiente” y señaló que la infraestructura sufrió importantes limitaciones durante el periodo en que el penal estuvo bajo control de un grupo criminal.
Recordó que el operativo Veneratio permitió al Estado recuperar el control del establecimiento y destacó la participación de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
El Ministerio de Justicia también reclama la incorporación de inhibidores de señales y tecnología para detectar teléfonos celulares dentro de las penitenciarías.
Peña explicó que los celulares representan un riesgo mayor al aparente, debido a que pueden ser utilizados para cometer delitos informáticos o coordinar actividades delictivas desde el interior de los establecimientos penitenciarios.
“Estos aparatos son mucho más dañinos de lo que aparentemente se ven, porque pueden ser utilizados en delitos informáticos o en coordinaciones de otros delitos desde dentro de nuestras penitenciarías”, advirtió.
El funcionario señaló que la institución ya comunicó a sus superiores la necesidad de contar con este tipo de tecnología, aunque reconoció que la disponibilidad de recursos constituye uno de los principales desafíos para atender las necesidades del sistema penitenciario.
Más de 100 agentes del interior participaron del operativo
Peña destacó además la participación de aproximadamente 100 agentes penitenciarios provenientes de establecimientos del interior del país, quienes se sumaron al procedimiento realizado este lunes.
Según explicó, estas acciones forman parte de un plan destinado a mejorar progresivamente los controles y la seguridad en las penitenciarías.
El director general de Establecimientos Penitenciarios sostuvo que el Ministerio de Justicia continuará trabajando en un nuevo modelo de gestión penitenciaria basado en el respeto de los derechos humanos y en la mejora de las condiciones de habitabilidad de las personas privadas de libertad.
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