La plenaria de la Cámara de Diputados dio luz verde al proyecto de resolución identificado como Expediente D-2694993, presentado oficialmente el 24 de agosto pasado bajo el patrocinio del legislador Alejandro Aguilera. Tras recibir el dictamen de aprobación de la Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y Redacción, el documento ingresó en el orden del día de la sesión ordinaria, donde fue debatido y sometido a votación por el cuerpo legislativo.
El resultado de la votación registró 33 votos a favor de la aprobación y 10 en contra, ratificándose la postura de la mayoría para requerir las explicaciones del órgano regulador financiero. La resolución aprobada otorga al Banco Central del Paraguay un plazo perentorio de 15 días hábiles para remitir los antecedentes e informes documentados, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley N.º 5453/2015 y su modificatoria Ley N.º 7199/2024 que reglamentan los pedidos de informe constitucional.
El núcleo de la solicitud requiere que la Superintendencia de Bancos precise las razones técnicas y jurídicas por las cuales no existirían sumarios administrativos abiertos contra el Banco Atlas. Al mismo tiempo, el documento exige detallar los procedimientos vigentes y los criterios regulatorios aplicados para decidir la apertura de investigaciones cuando las autoridades de una entidad supervisada enfrentan causas o procesos penales en el fuero judicial.
Asimismo, el requerimiento legislativo hace hincapié en el historial de operaciones fiduciarias y los mecanismos de prevención de lavado de activos aplicados por la institución financiera privada. En ese contexto, se consulta puntualmente sobre las revisiones extraordinarias, evaluaciones de gobierno corporativo y auditorías de cumplimiento derivadas de las acusaciones interpuestas en su momento contra directivos de la entidad en el marco de la causa vinculada al fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz.
Otro de los puntos centrales del cuestionario parlamentario se enfoca en el seguimiento de los fideicomisos suscritos con el Instituto de Previsión Social, operaciones que involucraron montos de hasta Gs. 828.800.000.000 y que fueron objeto de auditorías previas. Los diputados solicitan conocer la trazabilidad de las instrucciones, los desembolsos realizados, las revisiones del denominado «Punto 5» y los motivos que derivaron en la restitución de aproximadamente Gs. 803.000.000 en concepto de intereses al ente previsional.
La resolución abarca además el análisis de otros antecedentes fiduciarios de alta repercusión pública, tales como las actuaciones adoptadas tras el cambio de perfil de riesgo de Juan Carlos Ozorio en el marco del operativo A Ultranza Py. Del mismo modo, el pedido requiere datos sobre las comunicaciones efectuadas en relación con los conflictos vinculados a las firmas Matrix y Paraqvaria, así como la verificación de las garantías inmobiliarias asociadas a la causa de Darío Messer.
El texto aprobado puntualiza que el objetivo del pedido de informe no busca prejuzgar ni atribuir responsabilidades directas de forma anticipada, sino obtener documentación oficial para evaluar la efectividad del sistema de supervisión bancaria. En ese sentido, los legisladores requieren comprobar si la entidad privada recibió el mismo nivel de escrutinio que el resto de los bancos de plaza o si existieron criterios diferenciados de fiscalización aplicados por la banca matriz.
Por último, el Banco Central del Paraguay deberá remitir el desglose de los sumarios administrativos tramitados contra la entidad privada durante los últimos diez años, detallando los casos concluidos con sanción o archivo. El informe oficial deberá incluir además la identificación de los órganos internos de la bancada matriz encargados de auditar la oportunidad y la eficacia de los controles desarrollados por la Superintendencia de Bancos.
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