El reclamo del sector educativo apunta a la incorporación inmediata de una adenda presupuestaria por parte del Poder Ejecutivo para el PGN 2027. La plataforma original de exigencias elevada por las organizaciones contemplaba un ajuste salarial del 8%, la creación de rubros para maestros de grado, horas cátedra, cargos directivos y psicólogos escolares, además de gastos de representación para la estructura de supervisión y la nivelación de haberes en nueve universidades públicas e institutos superiores del país.
Durante las negociaciones, la mesa técnica del Gobierno presentó un planteamiento de reajuste del 5% a ser implementado de manera gradual. Al respecto, el dirigente Silvio Piris detalló los números financieros que implicaría la aceptación del documento: «Tenemos un impacto de 47 millones de dólares para el reajuste del 5%, más 9 millones de dólares para el escalafón docente. Además, algo histórico desde 2015, tras 11 años, el Ministerio de Educación cumplirá con el pago por los docentes al IPS, lo que representa cerca de 6,5 millones de dólares», precisó.
A pesar del avance en las cifras, la dirigencia magisterial supedita la suspensión de la huelga a la firma de un acuerdo formal. Los gremios exigen que el documento lleve el aval del ministro de Educación y Ciencias, el ministro de Economía y Finanzas, y cuente con el refrendo del presidente o vicepresidente de la República. La intención de los representantes de los trabajadores es realizar la suscripción oficial en la sede de Mburuvicha Róga para otorgar el realce institucional requerido antes de levantar los paros en las instituciones educativas públicas.
El borrador de acuerdo puesto a consideración de las bases docentes también prevé la conformación de una mesa de trabajo para el primer trimestre de 2027. En este espacio se evaluará la carrera docente, los criterios para el piso salarial —con la meta gremial de alcanzar un salario base de 5.000.000 de guaraníes— y la revisión de programas de estudio cuestionados por los maestros, como el plan Ñe’ëry. Desde la FEP recalcaron que, de concretarse la firma, la dirigencia continuará realizando gestiones políticas ante el Congreso Nacional para intentar conseguir mayores beneficios durante el tratamiento parlamentario de la ley de presupuesto.
Las distintas organizaciones independientes que integran el frente gremial socializan los alcances del borrador con sus respectivas asambleas para unificar criterios. Mientras se aguarda una respuesta institucional definitiva por parte del equipo económico del Estado, las movilizaciones y el cese de actividades escolares se mantienen vigentes en los diferentes departamentos del país.
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