El juicio oral y público contra el exlegislador Hernán David Rivas ingresó en su fase conclusiva luego de que el Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces María Fernanda García de Zúñiga, Juan Carlos Zárate y Yolanda Portillo, diera por cerrado el debate de las partes. Tras la culminación de los alegatos, los magistrados declararon un cuarto intermedio de aproximadamente tres horas y media para deliberar a puertas cerradas, periodo en el cual la abogada defensora Alba Zaracho brindó declaraciones ante los medios de prensa mientras se aguarda la lectura del veredicto prevista para la tarde.
Durante la exposición de sus alegatos finales y sus posteriores manifestaciones durante el receso, la representante técnica solicitó la absolución de Rivas argumentando que el Ministerio Público no logró demostrar la injerencia del procesado en las supuestas irregularidades. Zaracho cuestionó la labor investigativa de la Fiscalía, señalando que la acusación carece de sustento al no haberse realizado diligencias básicas con los recursos del Estado, como peritajes a los registros informáticos digitales o allanamientos para verificar si los documentos existieron o fueron destruidos.
Entre los principales argumentos jurídicos expuestos durante la espera del fallo, la defensa sostuvo la prescripción de la primera porción fáctica de la causa, vinculada a la designación de Rivas como representante de la Cámara de Diputados en fecha 3 de junio de 2020. Al respecto, la abogada explicó que el tipo penal investigado contempla una expectativa de pena de hasta tres años de cárcel y que dicho plazo transcurrió de forma perentoria antes de la imputación, sin que hayan concurrido causales legales que suspendieran o interrumpieran la prescripción.
Asimismo, la defensora enfatizó la aplicación del principio in dubio pro reo ante las falencias del órgano acusador, afirmando que no se puede sostener un pedido de condena basándose únicamente en testimonios de coordinadores académicos sin un contraste probatorio exhaustivo. Zaracho remarcó que sus planteamientos abarcan deficiencias fácticas y de tipicidad jurídica, incluyendo la falta de calidad de funcionario de quienes certificaron los actos examinados dentro del expediente.
Con el debate cerrado y mientras se cumple el tiempo fijado para la deliberación del tribunal colegiado, las partes permanecen a la expectativa de la reanudación de la audiencia pública. La resolución que dicten los jueces determinará la absolución o condena del excongresista en relación a la validez de su título profesional.
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