Un procedimiento concretado cerca de las 23:30 horas de este jueves sobre la ruta PY07, a la altura del Kilómetro 7 de Ciudad del Este, generó un escándalo institucional ante acusaciones de que efectivos del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional habrían perpetrado una «mexicaneada» de sustancias estupefacientes. La intervención se produjo aprovechando que el jefe de dicha dependencia, el comisario principal Wilfrido Javier Maldonado, se encuentra realizando un curso de capacitación en el exterior, quedando interinamente al frente el comisario Pablo Zelaya.
De acuerdo con la versión oficial remitida por los investigadores, el operativo se originó mediante datos aportados por fuentes humanas que alertaron sobre un tractocamión Scania 124 L, con chapa WXBJ 401 y semirremolque granelero, al mando de Kiker Augusto Pereira Cabral, de 26 años. El vehículo se encontraba aguardando en fila para cruzar hacia el Brasil cargado con arroz. Tras realizar una inspección bajo la cabina, entre el motor y el chasis, los agentes hallaron paquetes cubiertos con cinta verde y trasladaron el rodado a la sede policial, donde se formalizó la incautación de 30 panes de pasta base de cocaína con un peso de 31,9 kilogramos, procedimiento que contó con la posterior presencia del fiscal Manuel Rojas y el asistente fiscal Andrés Acosta.
Sin embargo, fuentes ligadas a la propia fuerza policial revelaron que el cargamento original alcanzaba los 200 panes de pasta base destinados al mercado brasileño, valorados entre 4.000 y 7.000 dólares por kilo. Según las denuncias, los intervinientes habrían desviado 170 paquetes antes de convocar a los representantes del Ministerio Público. Asimismo, se señala que los agentes procedieron a la liberación de dos hombres que actuaban como escoltas del convoy, filtrándose el hecho a raíz de desavenencias internas entre los involucrados durante la distribución de lo sustraído.
Ante la extrema gravedad de las sospechas, diversos sectores remarcan la necesidad de que la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional y la Fiscalía antidrogas inicien una indagatoria independiente para revisar la cadena de custodia. Entre los elementos que deberán ser evaluados para esclarecer la actuación policial figuran los registros de las cámaras de seguridad del trayecto, los peritajes de las comunicaciones telefónicas de la patrulla, las actas de procedimiento y las imágenes tomadas en la sede de Investigaciones antes de la notificación judicial.
Fuente: Diario La Clave.
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