El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Elsa García, Adriana Planás y Matías Garcete dictó por unanimidad la condena de dos años y seis meses de pena privativa de libertad contra el exintendente de la Municipalidad de Jesús de Tavarangué, Víctor Bernardo Garay Olmedo, tras hallarlo culpable del hecho punible de lesión de confianza con dolo directo de primer grado.
La resolución judicial determinó la existencia de un perjuicio patrimonial probado al erario público por la suma de 129.372.728 guaraníes. Según la fundamentación expuesta por la magistratura, el daño quedó plenamente acreditado a través de la emisión irregular de dos cheques librados en diciembre de 2022 a favor de Laura Bonet en concepto de honorarios, sin contraprestación ni respaldo documental que justificase la erogación.
Durante el desarrollo del juicio oral, el fuero judicial desestimó la pretensión del agente fiscal Luis Albertini, quien sostenía una acusación por un perjuicio superior a los 2.443 millones de guaraníes. Los magistrados cuestionaron duramente el desempeño del Ministerio Público, señalando que la Fiscalía se limitó a adoptar las conclusiones de la Contraloría General de la República sin ejecutar verificaciones ni un trabajo de investigación propio sobre el estado real de las obras.
En su análisis técnico de los 11 contratos cuestionados, la jueza Elsa García explicó que los testimonios e inspecciones incorporados al proceso confirmaron la ejecución y el avance de los trabajos adjudicados a firmas como Martínez Construcciones y Construcciones Brítez. De esta manera, el colegiado concluyó que las faltas administrativas o el fraccionamiento de procesos no configuran delitos penales si la representación fiscal no logra probar un desmedro financiero concreto.
No obstante, la lectura del fallo incluyó la remisión de diversos antecedentes a la Fiscalía para la apertura de nuevas causas penales. En ese marco, se solicitó investigar a Garay por la drástica e injustificada disminución de 2.247.569.949 guaraníes registrada en las cuentas municipales en un periodo de cuatro meses durante el año 2023, así como la intervención de presuntas prestanombres identificadas como Sonia Brítez y Nilsa Godoy.
Por último, la magistratura dispuso remitir las actuaciones correspondientes al funcionario municipal Juan Zayas por la presunta comisión de cohecho pasivo agravado y extorsión, junto con el proyectista Roque Ortiz por supuesto soborno, luego de que este último declarase haber entregado a Zayas cerca del 50 % de los cobros percibidos de la comuna para asegurar futuras adjudicaciones.
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