Un severo enfrentamiento de poderes sacudió la estructura institucional de Polonia este viernes, tras registrarse un despliegue de seguridad de la Policía de Varsovia en torno a la sede del Tribunal Constitucional, escenario de un conflicto de atribuciones entre la coalición gubernamental del primer ministro Donald Tusk y los sectores afines a la oposición conservadora.
La tensión escaló a horas de la tarde cuando la agencia estatal de noticias PAP y el sitio web institucional del tribunal difundieron disposiciones atribuidas a la jueza Anna Korwin-Piotrowska, mediante las cuales se notificaba la suspensión temporal por un mes del presidente de la corte, Bogdan Święczkowski, y del vicepresidente Bartłomiej Sochański.
Instantes después de la publicación, voceros oficiales de la alta corte denunciaron a través de sus canales de comunicación que el portal institucional había sido objeto de una intromisión ilegal, asegurando que Korwin-Piotrowska carece de legitimidad para asumir la titularidad interina por no haber prestado juramento ante el jefe de Estado y calificando los actos ejecutados como un severo atentado al orden constitucional.
Por su parte, el primer ministro Donald Tusk emitió un pronunciamiento en el que defendió los cursos de acción orientados a restablecer el Estado de derecho tras años de injerencia política en los tribunales, aseverando que la reconstrucción del marco de legalidad constituye un proceso complejo pero indispensable para la institucionalidad del país.
La controversia provocó manifestaciones en las inmediaciones de la avenida Szucha en Varsovia, donde simpatizantes del partido Ley y Justicia (PiS) se congregaron para rechazar las medidas administrativas. La Jefatura Metropolitana de Policía desplegó un perímetro de contención tras el intento de varios manifestantes de sobrepasar la valla de protección, operativo que arrojó un saldo preliminar de tres personas detenidas.
Ante el agravamiento de los hechos, el presidente de la República, Karol Nawrocki, anunció la cancelación inmediata de su vuelo oficial con destino a Senegal para retornar al país, al tiempo que dirigentes de la oposición y autoridades del Tribunal Supremo denunciaron la instalación de un esquema de fuerza que vulnera la independencia de la magistratura.
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