El Ministerio Público puso bajo investigación a la Universidad Autónoma del Sur (UNASUR) por una presunta evasión de aportes a la seguridad social. El agente fiscal Giovanni Grisetti, de la Sede 1 de Asunción, encabezó un allanamiento en la sede de la institución, tras una denuncia presentada por representantes del Instituto de Previsión Social (IPS).
El fiscal dijo que la investigación apunta a una supuesta deuda de Gs. 4.096.850.435 en concepto de aportes obrero-patronales que debían ser transferidos al IPS. Según los datos preliminares del Ministerio Público, las irregularidades se habrían registrado entre 2022 y 2025.
Pero las sospechas no se limitan a los aportes previsionales. Durante el análisis de información en conjunto con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), los investigadores detectaron inconsistencias en las declaraciones tributarias de la universidad. La institución habría declarado pagos por aproximadamente G. 280 millones en concepto del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), aunque los montos no coincidirían con los registros verificados.
A partir de estos hallazgos, la Fiscalía no descarta ampliar la investigación para determinar si también existieron hechos relacionados con la presentación de documentos falsos y la evasión de impuestos.
El procedimiento tuvo como objetivo reunir documentación que permita reconstruir el movimiento administrativo, laboral y financiero de la universidad. Entre los elementos buscados figuran contratos de trabajo, registros de cobros y descuentos, liquidaciones salariales, comprobantes de pago, declaraciones de aportes al IPS y libros laborales y contables, además de documentos societarios.
Los investigadores también intentaron acceder a equipos informáticos que contendrían información sobre los pagos realizados a los trabajadores y los cobros efectuados a los estudiantes.
Otro de los puntos que forman parte de la investigación es la posible existencia de una cuenta bancaria paralela, que habría funcionado al margen de los canales oficiales de la institución para recibir los pagos de los alumnos.
Esta hipótesis abre otro frente de preocupación: los estudiantes podrían quedar expuestos a inconvenientes para demostrar que cumplieron con sus obligaciones económicas, en caso de que las transferencias o depósitos realizados no figuren en los registros oficiales de la universidad.
La Fiscalía busca determinar el destino de esos fondos, establecer cómo se administraban los ingresos y precisar las eventuales responsabilidades en las presuntas irregularidades.
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