El juez penal de Garantías especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, decretó la prisión preventiva para Miguel Vázquez, CEO de Ueno Bank, y otros cinco procesados en el marco de la investigación por presuntas irregularidades financieras en la entidad bancaria. Aunque el Ministerio Público había solicitado esta medida únicamente para Vázquez, el magistrado consideró insuficientes las garantías ofrecidas por las defensas y sostuvo que persiste el peligro de fuga.
La medida alcanza a Federico Miguel Vázquez Villasanti, Juan Manuel Gustale, Julio Daniel Rey Fernández, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada Frutos. El magistrado también dispuso que los seis procesados no permanezcan alojados en un mismo espacio físico, a fin de evitar que puedan coordinar versiones o comunicarse entre sí durante el desarrollo de la investigación.
Por otra parte, Diana Leticia Mongelós González y Mariana Torres Rubiani cumplirán arresto domiciliario con tobillera electrónica. Estigarribia justificó la aplicación de esta medida menos gravosa atendiendo a sus circunstancias familiares y al interés superior de los niños. Ambas tienen prohibido salir del país y comunicarse con los demás imputados, además de la obligación de informar cualquier cambio de domicilio.
Al fundamentar su resolución, el juez señaló que existen elementos suficientes para sostener la sospecha de la comisión de varios hechos punibles graves. En ese sentido, mencionó que la imputación describe operaciones crediticias que habrían sido destinadas a beneficiar a un conglomerado de empresas, hipótesis que, según indicó, cuenta con el respaldo de un informe detallado del Banco Central del Paraguay (BCP).
Si bien reconoció que los procesados se pusieron inmediatamente a disposición de la Fiscalía, consideró que esa conducta no resulta suficiente para descartar el peligro de fuga, atendiendo a las características del caso, la magnitud de los movimientos financieros investigados y las posibilidades de desplazamiento de los involucrados.
Estigarribia aclaró que la capacidad económica de una persona no puede ser considerada, por sí sola, un elemento en su contra. Sin embargo, sostuvo que constituye un factor que permite evaluar sus posibilidades de movilidad dentro y fuera del país, en el marco del análisis del riesgo procesal.
Respecto a las garantías ofrecidas por las defensas, el magistrado exigió que se acrediten las condiciones de dominio de los inmuebles propuestos como caución, mediante documentación que permita verificar la existencia de embargos u otras cargas. Aunque los abogados solicitaron un plazo para presentar esos informes, el juez consideró necesario conocer previamente la situación jurídica de los bienes para determinar si podían respaldar una medida alternativa a la prisión.
Asimismo, señaló que una garantía inmobiliaria no sería suficiente por sí sola, teniendo en cuenta la magnitud de las operaciones financieras descriptas en la imputación. Por ese motivo, consideró necesario un depósito de dinero de relevancia económica para garantizar el sometimiento de los procesados al proceso penal.
El magistrado aclaró que la prisión preventiva podrá ser revisada si las defensas acreditan las condiciones exigidas para acceder a medidas menos gravosas. Remarcó que su decisión responde a la evaluación de los riesgos procesales durante la audiencia y no implica un pronunciamiento sobre la culpabilidad de los imputados.
Durante su exposición, también cuestionó la ausencia de representantes del Ministerio Público en la audiencia y sostuvo que, ante hechos de semejante relevancia, los fiscales deben estar presentes para fundamentar sus requerimientos y explicar por qué consideran suficientes las medidas cautelares propuestas.
El pedido fiscal contemplaba la prisión preventiva únicamente para Vázquez, por peligro de fuga y obstrucción a la investigación. Para los demás detenidos, los agentes habían solicitado arresto domiciliario con monitoreo electrónico, prohibición de salida del país y prestación de caución. Sin embargo, el juez concedió esta alternativa solamente a Mongelós y Torres.
En cuanto a las dos procesadas que permanecerán bajo arresto domiciliario, también dispuso el pago mensual correspondiente al servicio de monitoreo electrónico y la presentación de las constancias de cumplimiento ante el juzgado.
27 IMPUTADOS EN LA CAUSA
La investigación involucra a un total de 27 personas imputadas por los supuestos hechos punibles de conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio. La imputación fue presentada el 4 de noviembre por los fiscales Jorge Arce, Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Francisco Cabrera.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por el Banco Central del Paraguay el 3 de noviembre, luego de que el organismo dispusiera el proceso de resolución de Ueno Bank debido a la insuficiencia de su índice de solvencia.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, durante los años 2025 y 2026 se habrían autorizado créditos y sobregiros por montos desproporcionados en relación con la capacidad económica de las empresas beneficiarias, con plazos extensos y sin garantías reales suficientes.
Los investigadores sostienen que los fondos desembolsados eran transferidos de manera inmediata o poco después a otras sociedades pertenecientes al mismo grupo económico. En lugar de destinarse principalmente a los fines declarados al momento de solicitar los créditos, los recursos habrían sido utilizados para cubrir sobregiros, cancelar obligaciones y sostener financieramente a otras empresas del conglomerado.
Uno de los principales hechos investigados guarda relación con la venta de una cartera de créditos a Vinanzas S.A. por USD 74.418.418,12, concretada el 15 de junio de 2026. Según la hipótesis del Ministerio Público, el propio banco habría financiado indirectamente la adquisición mediante préstamos concedidos a otras empresas, que posteriormente transfirieron los recursos a la sociedad compradora.
Para la Fiscalía, esta operación presuntamente simulada habría permitido ocultar la verdadera situación patrimonial de la entidad bancaria.
En ese contexto, los investigadores atribuyen a Miguel Vázquez un papel central en las operaciones cuestionadas, debido a su condición de beneficiario final y vicepresidente primero del banco, además de su vinculación con sociedades que habrían recibido los fondos provenientes de los créditos investigados.
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