El Ministerio de Economía y Finanzas formalizó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra los directivos, ejecutivos y funcionarios responsables de la firma ueno bank S.A.
La presentación judicial, firmada por el titular de la cartera económica, Óscar Lovera Chávez, con el patrocinio institucional del Abogado del Tesoro, Dr. Fernando Benavente, solicita la urgente apertura de diligencias penalmente relevantes por presuntos hechos punibles contra el patrimonio del Estado.
El detonante de la acción legal se sustenta en la adjudicación realizada el 31 de julio de 2025 de G. 250.000 millones en Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) a cinco años de plazo, emitidos a favor de ueno bank S.A. con una tasa de interés del 12,35% anual y vencimiento pactado para el año 2030.
Dichos recursos pertenecientes a los excedentes de los Programas Contributivos Civiles de la déficitaria Caja Fiscal fueron colocados sobre la base de un perfil financiero óptimo que la firma presentaba al público y a los fiscalizadores, ostentando una calificación AA-py con tendencia Estable, morosidad de 0,68% e indicador de liquidez de 18,27%.
Sin embargo, la denuncia del MEF sostiene que existen fundados indicios de que la entidad suministró información financiera y patrimonial falsa o inexacta al supervisor y a las calificadoras de riesgo, dado que, de haberse conocido la situación real de solvencia, no habría superado los requisitos reglamentarios para adjudicarse los fondos públicos.
La cartera de Estado advirtió sobre el peligro inminente que afecta a los recursos de las jubilaciones, remarcando que al capital principal se suman G. 123.838 millones en intereses por devengar entre 2026 y 2030, mientras que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) —topeado en 75 salarios mínimos por depositante— resulta insuficiente para cubrir el monto.
En su presentación ante los agentes de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, las autoridades solicitaron la traba urgente de medidas cautelares sobre los bienes y activos de las personas procesadas a fin de asegurar la eventual reparación del daño patrimonial provocado al sistema previsional del país.





















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