La Fiscalía General del Estado dispuso este jueves la apertura formal de tres causas penales y la integración de un equipo especial de agentes fiscales para investigar las denuncias presentadas contra Santiago Peña Palacios, exautoridades del Poder Ejecutivo y titulares de organismos de control del sistema financiero.
La resolución institucional responde a la solicitud planteada mediante el memorando D.G.F. n.º 813 de la Dirección del Gabinete Fiscal, basándose en la ampliación de la denuncia formulada originalmente en octubre de 2025 por senadores y diputados de la Nación (entrada n.º 12355), a la que se sumaron nuevos hechos relativos a la colocación de fondos públicos y la supervisión del disuelto ueno bank S.A.
Asimismo, el organismo persecutor incorporó al paquete investigativo la denuncia con registro de entrada n.º 13762, presentada en la misma jornada por senadores contra el presidente, el vicepresidente, el exministro de Economía, así como altas autoridades y exautoridades del Banco Central del Paraguay, del Instituto de Previsión Social y de la SEPRELAD, junto a la denuncia promovida por el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera Chávez.
Para la conducción técnica del proceso, el Ministerio Público conformó un equipo de trabajo integrado por los agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción con sede en Asunción: Elena Fiore Franco (Unidad n.º 1), Silvia González Véster (Unidad n.º 3) y Christian Manuel Cáceres (Unidad n.º 6).
La resolución determina que la dirección de la causa estará a cargo de la fiscal Silvia Margarita González Véster, mientras que la supervisión general del equipo recaerá en la fiscal adjunta de la Unidad Especializada, Dra. Nancy Salomón Marín.
El Gabinete Fiscal fundamentó la asignación en los artículos 266 y 268 de la Constitución Nacional y en las atribuciones de la Ley Organica del Ministerio Público (N.º 1562/00), remarcando la necesidad de contar con un fuero altamente especializado para encarar la recolección de pruebas, realizar la comunicación a la Oficina de Denuncias Penales y formular eventuales acusaciones.
Con la apertura formal de las tres carpetas penales y la remisión de los antecedentes a las unidades intervinientes, la Fiscalía General pone en marcha el aparato de juzgamiento penal para deslindar responsabilidades sobre el uso de recursos estatales y la transparencia en el control de las entidades de plaza.























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