El procurador general de la República, Samuel Rojas, anunció este jueves 12 de noviembre de 2026 que la institución a su cargo presentó formalmente un pedido de intervención en las causas penales abiertas en torno al caso ueno bank S.A., con la finalidad de acceder a todas las actuaciones judiciales y precautelar los intereses patrimoniales del Estado paraguayo.
Según explicó el titular de la Procuraduría, esta participación permitirá monitorear de cerca el desarrollo de los procesos y plantear las diligencias necesarias en estrecha coordinación con el Ministerio Público. Rojas enfatizó que el propósito central es resguardar el patrimonio de la República y asegurar que los responsables de los hechos punibles investigados respondan económicamente mediante la posterior ejecución de demandas de daños y perjuicios.
Asimismo, el procurador general subrayó que la presencia de la defensa estatal busca otorgar mayor contundencia a la persecución de los ilícitos y enviar una señal firme a la ciudadanía. No obstante, aclaró que la intervención no supondrá ningún tipo de interferencia en la labor de los agentes fiscales —de quienes destacó su trabajo exhaustivo—, sino que responderá a un esquema de cooperación institucional.
En paralelo a esta actuación judicial, el asesor jurídico de la Presidencia de la República, Eduardo González, reiteró los detalles de la iniciativa legislativa del Ejecutivo para promulgar una ley transitoria que cree un Consejo de Supervisión de Sociedades Vinculadas. Dicho órgano estará integrado por representantes de la Presidencia y de los ministerios de Industria y Comercio, Economía y Finanzas, y Trabajo, y contará con un administrador encargado de evaluar y sostener las firmas relacionadas al grupo financiero para preservar los puestos de empleo.
González precisó que este mecanismo abarcará exclusivamente a aquellas empresas vinculadas que no se encuentren contempladas dentro del proceso de resolución del Banco Central del Paraguay (BCP) ni afectadas por la administración de bienes de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), destacando que el proyecto ya fue socializado con diversos sectores para contar con una herramienta preventiva oportuna.























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