En la mañana de este viernes se realizaron tres allanamientos simultáneos en las viviendas de Marco Aurelio González, Liana Caballero y Miguel Mora. Los últimos dos quedaron detenidos mientras que González, no se encontraba en el domicilio y está prófugo. Esto en el marco de la investigación por el caso Ueno Bank. Los tres son investigados por una presunta lesión de confianza, a raíz de supuestas omisiones en el ejercicio de sus funciones de supervisión y control.
La Fiscalía sostiene que Caballero, Mora y González tuvieron «conocimiento directo y temprano» de los problemas de Ueno Bank desde diciembre de 2025 y febrero de 2026. Entre las situaciones advertidas figuraban incumplimientos del plan de factibilidad aprobado en 2024, modificaciones presuntamente irregulares de fideicomisos y operaciones de gran volumen con empresas vinculadas a la entidad.
La resolución menciona, en particular, transacciones con Redipro y Redisa por aproximadamente USD 140 millones.
Uno de los documentos centrales de la investigación es el memorando JD/DCM N.º 001/2026, fechado el 29 de junio. El informe expuso un déficit de solvencia patrimonial luego de la deducción de Gs. 876.640 millones en activos correspondientes a Red Digital y Redipro.
También señaló la falta del informe bienal sobre la fusión con Visión Banco y planteó expresamente la necesidad de exigir a la entidad un plan de capitalización.
A estas advertencias se sumaron las actas de las sesiones del directorio del 14, 17 y 24 de setiembre, además de un memorando del 18 de ese mes, en el que se instaba a adoptar medidas de carácter obligatorio.
Otro elemento citado por el Ministerio Público es un informe de hallazgos del 5 de agosto, que calificó la cesión de cartera a Vinanzas S.A. como una «operación prohibida» y una falta grave.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, los informes técnicos ya habían identificado las irregularidades, por lo que los integrantes del directorio no podían desconocer los riesgos que enfrentaba la institución.
El eje de la imputación radica en que, pese a contar con información sobre el deterioro financiero de Ueno, los entonces responsables del directorio no habrían dispuesto acciones correctivas, cautelares y determinantes para enfrentar la situación.
La Fiscalía considera que las respuestas adoptadas fueron tardías o meramente formales y que no lograron revertir los incumplimientos detectados.
En ese contexto, el Ministerio Público habla de una «prolongada y deliberada inacción institucional», que habría permitido la continuidad de las operaciones cuestionadas y la captación masiva de depósitos del público en condiciones de insolvencia.
Para la Fiscalía, esta conducta habría ocasionado un grave perjuicio patrimonial a personas físicas y jurídicas, así como a entidades públicas y privadas que mantenían fondos en la institución.
La hipótesis investigativa apunta a que Ueno continuó captando recursos de sus clientes mientras persistían los problemas de solvencia y quienes tenían atribuciones para intervenir ya conocían las advertencias sobre su situación financiera.
La medida fue dispuesta mediante la Resolución Fiscal N.º 9, del 13 de noviembre. La orden establece la detención de los tres exdirectores para que sean puestos a disposición del Ministerio Público y presten declaración indagatoria.
La investigación se desarrolla por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, previsto en el artículo 192, incisos 1 y 2, del Código Penal.
De esta manera, la Fiscalía centra su investigación en el papel que desempeñaron los antiguos integrantes del directorio del BCP y en por qué, pese a las advertencias documentadas sobre la situación de Ueno Bank, no se habrían aplicado oportunamente las medidas que sus funciones les exigían.





















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