La Cámara de Diputados otorgó media sanción a un proyecto de ley que plantea incorporar un nuevo artículo al Código Penal para sancionar a quienes participen deliberadamente en la celebración de matrimonios prohibidos cuando uno o ambos contrayentes sean menores de 18 años. Tras su aprobación, el proyecto es remitido al Senado.
La iniciativa, denominada «Que incorpora el artículo 224 a la Ley Nº 1160/1997, Código Penal, y establece responsabilidad penal por la celebración dolosa de matrimonios prohibidos entre niños, niñas o adolescentes«, busca reforzar la protección de los menores mediante sanciones a los adultos que intervengan de manera intencional en este tipo de uniones.
El diputado Daniel Centurión, uno de los proyectistas, explicó que la propuesta apunta a castigar las conductas directamente relacionadas con la concreción de estos matrimonios, sin alterar las disposiciones del ámbito civil sobre su validez, nulidad o efectos legales.
Según precisó, el texto contempla tres categorías de responsables y establece penas diferenciadas de acuerdo con la conducta y el grado de intervención.
Hasta tres años de prisión para adultos y responsables legales
El primer supuesto alcanza al adulto que contraiga matrimonio con una persona menor de edad, siempre que conozca esa condición y que la unión llegue a celebrarse. Para estos casos, el proyecto establece una pena de hasta tres años de prisión o multa.
La misma sanción se prevé para quienes tengan a su cargo la representación legal, guarda o tutela de un menor y realicen acciones concretas para promover, organizar o facilitar un matrimonio prohibido. Para que exista responsabilidad penal, deberá comprobarse que su intervención contribuyó a la concreción del hecho y que actuaron con intención dolosa.
Hasta cinco años para funcionarios públicos
El tercer grupo comprende a los funcionarios públicos que, en el ejercicio de sus funciones, autoricen o celebren un matrimonio prohibido, pese a saber que uno o ambos contrayentes son menores de 18 años. En este caso, la pena prevista es de hasta cinco años de prisión.
Centurión sostuvo que la iniciativa respeta los principios de legalidad, tipicidad, culpabilidad, intervención mínima y proporcionalidad, y remarcó que su alcance se limita a establecer responsabilidad penal para quienes intervengan dolosamente en la celebración de estas uniones.
Fuente: Cámara de Diputados





















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