Una multitudinaria manifestación denominada «Marcha por la dignidad» recorrió este sábado las principales avenidas del centro de Madrid para exigir la dimisión del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y la convocatoria anticipada de elecciones generales.
La movilización fue organizada por la plataforma Sociedad Civil Española —que nuclea a más de 150 asociaciones— y contó con el respaldo político y la participación activa de dirigentes del Partido Popular (PP) y de Vox, reflejando el clima de fuerte crispación que atraviesa el panorama político del país europeo.
La marcha comenzó a las 10:30 horas en la emblemática Plaza de Colón bajo el lema central «¡Sánchez, dimisión ya!». Los asistentes, portando una gran cantidad de banderas españolas y algunas insignias con la Cruz de San Andrés, avanzaron por la capital coreando consignas en contra del Ejecutivo de coalición integrado por el PSOE y Sumar.
Durante el trayecto, los manifestantes también dirigieron duras críticas e increparon a los equipos de los medios de comunicación que cubrían el evento, dedicando cánticos hostiles especialmente contra los trabajadores de la televisión pública.
La columna de protesta se dirigió posteriormente hacia la zona del Arco de Moncloa, en las inmediaciones de la sede de la Presidencia del Gobierno. En ese punto, la tensión escaló cuando un grupo de manifestantes intentó rebasar el cordón de seguridad montado por las fuerzas del orden para impedir el avance hacia el complejo presidencial. Ante los desmanes, la Policía Nacional determinó cortar uno de los accesos vehiculares sobre la autovía A6 y procedió a dispersar a la multitud, dejando un balance preliminar de tres personas detenidas y siete agentes policiales con heridas leves.
En el ámbito político, la movilización congregó a diversos parlamentarios del Partido Popular, delegación que estuvo encabezada por su portavoz en el Senado, Alicia García. Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, estuvo presente y brindó declaraciones a los medios en las que arremetió contra la gestión actual, afirmando que el país se encuentra secuestrado por una estructura corrupta que empobrece a la ciudadanía y promueve la inseguridad migratoria.
Respecto a la concurrencia, las cifras oficiales volvieron a mostrar una marcada disparidad: los organizadores estimaron la asistencia en más de 120.000 personas, mientras que la Delegación del Gobierno español redujo la cantidad a unos 40.000 participantes.
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