Legisladores de la oposición anunciaron la presentación de una denuncia ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción para exigir el “impulso efectivo” de la investigación penal abierta contra el presidente de la República, Santiago Peña, por presuntos hechos vinculados a enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias y administración en provecho propio.
El planteamiento cuestiona principalmente la decisión del Ministerio Público de derivar el análisis del caso a la Contraloría General de la República mediante un examen de correspondencia patrimonial, mecanismo que los denunciantes consideran improcedente para una causa de carácter penal.
Según el escrito presentado por los parlamentarios, la Fiscalía no puede delegar ni condicionar una investigación penal a un órgano administrativo.
“El Ministerio Público no puede delegar ni condicionar la investigación penal a un órgano administrativo”, señala el documento, que sostiene además que la remisión del caso a la Contraloría “desnaturaliza la función constitucional del Ministerio Público”.
Los legisladores argumentan que el caso excede una simple revisión administrativa de declaraciones juradas y que existen elementos suficientes para ordenar una pericia contable, financiera e impositiva independiente.
Entre los principales puntos señalados figuran el supuesto crecimiento patrimonial “exponencial” del mandatario entre 2017 y 2023, la adquisición y valorización de acciones vinculadas a UENO Holding, la compra de bonos e instrumentos financieros, además de presuntas inconsistencias entre los ingresos conocidos y el patrimonio declarado.
Asimismo, mencionan movimientos patrimoniales relacionados con entidades financieras y sociedades con contratos públicos.
La oposición también cuestionó directamente la actuación de la Contraloría General de la República, señalando que el órgano habría recibido explicaciones patrimoniales del presidente “de buena fe”, sin exigir rectificaciones formales pese a las inconsistencias que, según sostienen, fueron expuestas públicamente.
En el documento, remarcan además que Santiago Peña continúa en ejercicio de la Presidencia, por lo que consideran jurídicamente discutible intentar resolver el caso mediante un mecanismo administrativo orientado principalmente al control patrimonial tras el cese en funciones.
“El Ministerio Público, al recibir información sobre la posible comisión de un hecho punible, tiene la obligación de organizar la investigación conforme a las reglas del Código Procesal Penal”, expresa el texto.
En ese contexto, los parlamentarios solicitaron la designación de peritos contables y financieros independientes, un análisis integral de la evolución patrimonial y la trazabilidad de fondos, así como el cruzamiento de información bancaria, tributaria, bursátil y societaria.
Además, pidieron determinar técnicamente la correspondencia entre los ingresos declarados y el patrimonio acumulado por el jefe de Estado.
Con la presentación, los legisladores buscan que la Fiscalía asuma directamente la investigación penal y evitar que el caso quede reducido únicamente a una validación administrativa de declaraciones patrimoniales.
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