Manuel Ramírez Candia, ministro de la Corte Suprema de Justicia y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), se refirió recientemente a la situación de la jueza de Liquidación y Sentencia de Pedro Juan Caballero Librada Peralta, quien enfrenta un proceso penal por una presunta adulteración de documentos con el objetivo de obtener beneficios en concursos ante el Consejo de la Magistratura.
Durante sus declaraciones, el ministro cuestionó la decisión de suspender a la magistrada de sus funciones, al señalar que existen dudas relevantes sobre los fundamentos de la medida adoptada. Según Ramírez Candia, Peralta ha sido la «única jueza que se resistió» a las presuntas imposiciones atribuidas a Lalo Gomes, situación que, según sostuvo, habría derivado posteriormente en represalias y amenazas en su contra.
El magistrado expuso una serie de elementos que, desde su perspectiva, deben ser considerados para analizar la pertinencia de la suspensión en esta etapa del proceso.
En primer lugar, indicó que la jueza fue confirmada en su cargo en el año 2022, mientras que la carga de los puntos cuestionados se habría realizado en 2023, es decir, con posterioridad a dicha confirmación. Asimismo, señaló que su postulación a otros cargos dentro del sistema judicial se produjo recién en 2024.
Por otra parte, sostuvo que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados evaluó que el documento cuestionado no tendría una incidencia determinante dentro del proceso de selección, al tratarse de un puntaje de 20 puntos, y considerando además que la magistrada ya contaba con confirmación previa por parte de la Corte Suprema.
Finalmente, Ramírez Candia mencionó que existirían antecedentes de presiones y amenazas denunciadas por la propia jueza, quien incluso habría dejado constancia escrita solicitando no ser confirmada en su cargo en determinado momento debido a dicha situación.
El ministro concluyó señalando que la postura institucional, tanto suya como de otros integrantes de la Corte, es dar seguimiento riguroso al caso. «Si incurrió en el delito, que se le imponga la máxima sanción; pero si no, que el proceso concluya conforme a derecho, a fin de evitar que el Poder Judicial mantenga la carga de un funcionario injustamente cuestionado», expresó.
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