El Juzgado Penal de Garantías N.° 8 de la Capital, bajo la dirección del juez José Agustín Delmás, decretó la prisión preventiva de Juan Claudio Torres. El procesado, quien se desempeña como candidato a concejal municipal por el movimiento Honor Colorado en la ciudad de Luque, se encuentra imputado por la supuesta comisión de los hechos punibles de estafa, usurpación de funciones públicas, asociación criminal y producción de documentos no auténticos.
La investigación vincula directamente a Torres con un presunto esquema de venta irregular de inmuebles pertenecientes al municipio luqueño. De acuerdo con el acta de imputación fiscal, el procesado se habría hecho pasar por funcionario de la Municipalidad de Luque para ganarse la confianza de las víctimas. Bajo esa falsa identidad, habría recibido de forma ilícita la suma de Gs. 25.000.000 de parte de un ciudadano identificado como Daniel Martínez, en un hecho registrado en julio del año 2020.
Durante el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas, la defensa técnica del político solicitó la concesión de medidas alternativas a la prisión preventiva. Los abogados argumentaron que no se configuraban los presupuestos legales para la privación de libertad, que el acta de imputación carecía de firmeza y que su defendido contaba con el arraigo suficiente, ofreciendo para el efecto fianzas reales sobre bienes inmuebles. Sin embargo, el magistrado rechazó el planteamiento al considerar que existen elementos de sospecha suficientes que vinculan al imputado con la causa, tales como declaraciones testimoniales y documentos oficiales remitidos por la propia Municipalidad de Luque.
Asimismo, el juez Delmás fundó su decisión señalando que el procesado ya cuenta con antecedentes penales por hechos similares y advirtió sobre un peligro latente de obstrucción a la investigación, dado que el imputado podría influir en los testigos o modificar elementos de prueba esenciales.
En cuanto al lugar de reclusión, la resolución judicial ordena que Juan Claudio Torres guarde reclusión inicialmente en la sede de la Comisaría 29ª Central, ubicada en la zona de Tarumandy, Luque.
El fallo dispone un plazo máximo de 10 días en dicha dependencia policial; de no mediar una resolución judicial en contrario en ese lapso, el procesado será trasladado de forma definitiva al Centro Nacional de Prevenidos o a otro establecimiento penitenciario que la Dirección de Institutos Penales considere adecuado para el cumplimiento de la orden.
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