El presidente de la Unión Industrial Paraguaya, Enrique Duarte, afirmó que no existen fundamentos técnicos suficientes para validar la propuesta del sector trabajador de incrementar el salario mínimo en torno al 20%. El líder gremial defendió que cualquier actualización del sueldo básico debe realizarse de manera estricta dentro del marco establecido por el Código Laboral, el cual determina que el reajuste debe fijarse exclusivamente en función de la inflación medida por el Banco Central del Paraguay (BCP).
Duarte explicó que el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) tiene competencias técnicas muy específicas definidas por ley, limitadas a la recolección y análisis de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), datos que luego son elevados al Poder Ejecutivo para la toma de decisiones. En ese sentido, aclaró que este espacio tripartito —conformado por el Gobierno, empleadores y trabajadores— no constituye una mesa de negociación abierta para pactar incrementos de forma libre, por lo que el planteamiento del 20% excede por completo las atribuciones legales del organismo.
El titular de la UIP remarcó que, si se desea modificar el sistema actual de fijación salarial, el cambio requiere de una reforma legal y no de presiones en la mesa actual, la cual descartó que haya sufrido deserciones o salidas formales de sus integrantes.
Por otra parte, el titular de la UIP se refirió a la situación del representante del sector empresarial en el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS). Aunque reconoció la existencia de cuestionamientos internos hacia el desempeño de dicho delegado y manifestó preocupación por ciertas actuaciones administrativas, aclaró que el gremio industrial no cuenta con la facultad legal para destituirlo directamente, ya que su designación depende de los mecanismos del Estado.
Duarte informó que el sector ya solicitó informes sobre las decisiones adoptadas en la previsional y concluyó que el objetivo prioritario de los empresarios es mantener la institucionalidad, resguardar los datos técnicos que sustentan la estabilidad macroeconómica y buscar un equilibrio que proteja la sostenibilidad del empleo formal y la competitividad.
Fuente: La Tribuna
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