La agente fiscal Sandra Ledesma, de la Unidad Especializada de Delitos Electorales de Asunción, brindó una conferencia de prensa en la que detalló los principales incidentes, denuncias e intervenciones procesadas durante el desarrollo de las Elecciones Internas Simultáneas de las organizaciones políticas. La representante del Ministerio Público informó sobre la incautación de documentos adulterados, detenciones en flagrancia por delitos electorales y la detección de nuevas modalidades de inducción al voto en locales del departamento Central.
Entre las primeras irregularidades detectadas a tempranas horas de la jornada, Ledesma citó los inconvenientes con la conformación de mesas y la retención de acreditaciones falsas con membretes de partidos y movimientos que ni siquiera participaban en los comicios o carecían de candidatos inscriptos.
Al respecto, la fiscala explicó de manera directa que esta falsificación de credenciales fiscales apunta generalmente a introducir personas no autorizadas en los recintos con la intención de negociar o forzar acuerdos con los miembros de mesa legítimos. Asimismo, reportó casos puntuales de usurpación de identidad en los que ciudadanos denunciaron que otras personas ya habían votado utilizando sus nombres, así como ingresos con cédulas ajenas, hechos que dejaron un saldo inicial de cuatro personas detenidas.
Uno de los hechos más significativos de la jornada se registró en la ciudad de Fernando de la Mora, donde se procedió a la detención de un candidato a concejal que presuntamente tenía en su poder alrededor de 20 millones de guaraníes destinados a la compra de votos. La comitiva fiscal y policial halló evidencias tanto en poder del postulante involucrado como de la persona que supuestamente se disponía a recibir el dinero. El caso se encuentra bajo la investigación formal del fiscal Carlos Acuña, quien ya inició las diligencias para determinar las responsabilidades penales por soborno al elector.
Por otra parte, la fiscala Ledesma reportó una llamativa e innovadora denuncia penal formulada en la ciudad de Luque. Según los datos recabados en el terreno, el equipo político de uno de los candidatos utilizó sillas de ruedas de manera irregular para hacer pasar a personas completamente sanas como si sufrieran de alguna discapacidad. «Supuestamente era para ayudar a las personas de la tercera edad, pero esto está prohibido; no puedes llegar caminando y, solamente al efecto de votar, entrar en silla de ruedas», sentenció la agente del Ministerio Público, puntualizando que el trasfondo real consistía en inducir el voto, debido a que los operadores políticos aprovechaban la condición de acompañantes obligatorios para ingresar a los cuartos oscuros y direccionar el sufragio hacia su sector.
Por último, en la localidad de Quyquyhó se ordenó la suspensión temporal de las votaciones a raíz de un conflicto en el local electoral. Para subsanar el inconveniente, la comitiva del Ministerio Público y la Justicia Electoral procedió a auditar minuciosamente cada maletín, verificando los lacrados externos e internos para descartar adulteraciones. Tras confirmarse que el material electoral permanecía intacto, se reanudaron los comicios y se dispuso la extensión del horario de votación por una hora más, conforme a las prerrogativas del Código Electoral vigente.
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