El Parlamento boliviano dio este domingo un paso clave para el Gobierno de Rodrigo Paz al aprobar una normativa que habilita una mayor participación de las Fuerzas Armadas en las operaciones destinadas a despejar los bloqueos de carreteras que desde hace más de un mes mantienen paralizado gran parte del país.
La medida fue sancionada tras una extensa sesión legislativa de 15 horas y ahora queda en manos del Poder Ejecutivo para su promulgación. El presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, confirmó la aprobación de la ley durante la madrugada.
Bolivia atraviesa una de las crisis económicas más severas de las últimas cuatro décadas, escenario que ha impulsado una ola de protestas encabezadas por campesinos, mineros, transportistas y otros sectores sociales. Los manifestantes exigen la salida del mandatario y mantienen cortes de rutas en distintos puntos del territorio nacional.
El gobierno de Paz, que asumió el poder hace apenas seis meses, analiza además la posibilidad de decretar un estado de excepción. De concretarse, la medida ampliaría las facultades de las fuerzas de seguridad y permitiría restringir temporalmente derechos vinculados a la reunión y la libre circulación, elementos fundamentales en las movilizaciones.
Hasta el momento, los operativos de desbloqueo han estado principalmente a cargo de unidades policiales antidisturbios, mientras que la intervención militar se ha mantenido limitada tanto en personal como en equipamiento desplegado.
La tensión aumentó el sábado en la localidad de San Julián, en el departamento de Santa Cruz, donde enfrentamientos entre efectivos policiales y manifestantes dejaron un saldo de 20 heridos, entre ellos seis uniformados y 14 civiles.
Uno de los puntos más debatidos de la nueva legislación establece que los militares que actúen durante un eventual estado de excepción contarán con presunción de legalidad en el cumplimiento de sus funciones, además de recibir respaldo jurídico por parte del Estado.
Según sectores oficialistas, esta disposición busca brindar garantías a los uniformados ante posibles procesos judiciales derivados del uso de la fuerza en situaciones de conflicto social.
El debate remite a antecedentes recientes de la política boliviana. Tras la crisis que siguió a la salida del expresidente Evo Morales, varios altos mandos militares vinculados al gobierno transitorio de Jeanine Áñez fueron procesados y encarcelados por hechos ocurridos durante operativos que dejaron más de 30 fallecidos.
Fuente: AFP
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