El abogado y exfiscal estadounidense Andy Camacho señaló que el proceso penal que enfrenta el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en Estados Unidos se encuentra en una etapa clave, marcada por la evaluación de las pruebas presentadas por la Fiscalía y eventuales negociaciones para alcanzar un acuerdo judicial.
En entrevista con Radio 1000, Camacho explicó que la defensa de Marset estaría revisando el material probatorio entregado por los fiscales para definir la estrategia a seguir. Entre las alternativas se encuentran ir a juicio o aceptar un acuerdo de culpabilidad que contemple una reducción de pena, eventualmente a cambio de cooperación con las autoridades.
“El caso está pautado para una audiencia el 1 de julio, donde se podría definir si se avanza hacia un juicio o si existe una aceptación de responsabilidad mediante un preacuerdo”, indicó.
El exfiscal sostuvo que la Fiscalía estadounidense debió reunir previamente todas las evidencias antes de presentar la acusación formal. En ese sentido, consideró relevante determinar si el también acusado Gianfranco Santoro está colaborando con la Justicia, ya que podría convertirse en un testigo directo contra Marset.
Asimismo, mencionó que las declaraciones públicas realizadas por el uruguayo en distintos medios de comunicación podrían ser utilizadas como elementos de prueba en su contra.
Camacho también hizo referencia a la plataforma de mensajería encriptada Sky ECC, ampliamente utilizada por organizaciones criminales en Europa y cuyos sistemas fueron intervenidos por Europol. Según explicó, si se comprueba que Marset utilizó dicha aplicación, las comunicaciones obtenidas podrían constituir evidencia de peso dentro de la causa.
“El volumen y la naturaleza de las pruebas que podrían existir en su contra parecen ser importantes”, sostuvo.
Otro de los aspectos analizados por el especialista fue la jurisdicción de Estados Unidos para investigar hechos que, según la acusación, habrían ocurrido principalmente en Europa. Al respecto, explicó que la competencia de los tribunales estadounidenses se sustentaría en la utilización del sistema financiero de ese país para operaciones de presunto lavado de dinero.
Respecto a una eventual declaración de culpabilidad, Camacho aclaró que aceptar responsabilidad penal no implica necesariamente colaborar con la Justicia. Sin embargo, precisó que una cooperación efectiva suele traducirse en reducciones de condena más significativas.
Como referencia, citó el caso de Santoro, quien enfrentaba una pena máxima cercana a los 20 años de prisión y finalmente recibió una condena de 15 años. Según indicó, una reducción de esa magnitud podría estar asociada a algún grado de colaboración con las autoridades.
Finalmente, explicó que el sistema judicial federal estadounidense utiliza una tabla de puntuación para determinar las penas recomendadas, teniendo en cuenta factores como el monto de dinero involucrado, la gravedad de los hechos y la aceptación de responsabilidad. En ese contexto, señaló que si Marset obtuviera una reducción mínima de pena podría interpretarse como una simple admisión de culpabilidad, mientras que una rebaja considerable sería un indicio más fuerte de cooperación con la Fiscalía.
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