El senador Rafael Filizzola criticó con dureza la sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que rechazó la acción de inconstitucionalidad de la exsenadora Kattya González. El legislador calificó la resolución de la mayoría como «verdaderamente perturbadora» y expresó su profunda preocupación por lo que considera la convalidación judicial de un procedimiento parlamentario que omitió las garantías básicas del debido proceso y del derecho a la defensa.
Filizzola enfatizó que uno de los aspectos más graves y jurídicamente insostenibles del fallo es que el máximo tribunal dictamine como constitucional un juicio de pérdida de investidura en el cual la persona afectada ni siquiera fue notificada formalmente. Recordó que la notificación y la consecuente remisión de los antecedentes constituyen el punto de partida obligatorio de cualquier proceso legal —ya sea un sumario administrativo, un juicio civil o una causa penal—, puesto que es la única herramienta que le permite al involucrado conocer las acusaciones, analizar los argumentos, buscar evidencias a su favor y refutar las pruebas de cargo.
En ese sentido, cuestionó cómo la mayoría de la Corte pudo concluir que se respetaron los artículos 16 y 17 de la Constitución Nacional ante la total ausencia de este trámite esencial.
El parlamentario advirtió que la decisión sienta un precedente sumamente peligroso para la estabilidad de la representación política en el país, al dejar sentado que una persona elegida mediante el voto popular puede ser despojada de su banca en un proceso «relámpago» convocado en un lapso de cinco horas y resuelto tras un debate sumario de pocas horas.
No obstante, valoró el hecho de que el criterio de la mayoría no fue unánime, destacando que a los argumentos críticos expuestos en la disidencia original por el ministro César Diesel, en esta oportunidad se sumaron los votos contrarios y argumentados de los ministros Víctor Ríos, Gustavo Santander y Manuel Ramírez Candia.
Por último, Filizzola cuestionó de forma tajante lo que definió como una «feudalización de la política», describiendo la existencia de una lógica corporativa de mutua no injerencia entre las cúpulas de los poderes del Estado.
«Nosotros, Corte, no nos metemos con ustedes, mayoría del Congreso, y ustedes no se metan con nosotros», resumió el legislador, señalando que esta práctica de conveniencia institucional debilita de forma terminal los sistemas de control recíproco y vulnera las bases del Estado de Derecho en el Paraguay.
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