La jueza de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia, Nathalia Ortellado, dispuso de manera oficial la remisión de las compulsas y copias auténticas del expediente a la Fiscalía Penal de Turno. El objetivo es que el Ministerio Público abra una investigación formal ante la sospecha del hecho punible de desacato.
Según los informes oficiales emitidos este viernes, la determinación adoptada por la magistrada responde directamente a la acreditación objetiva, dentro del proceso civil, del presunto incumplimiento de los mandatos legales y de las órdenes estrictas emitidas desde su despacho.
Esta medida se conecta de forma directa con la orden de búsqueda y localización dictada previamente contra la menor, Magnolia Belén, y su padre, Francisco Javier Bustos Nieto. El hombre había retirado a la niña bajo un régimen de relacionamiento provisorio, pero omitió la obligación judicial de restituirla a su madre, Diana Rojas, quien denunció ante los medios que desde hace más de 48 horas el progenitor cortó todo tipo de comunicación, llamadas y mensajes, ocultando el paradero de la menor. Ante la gravedad de la situación, intervinieron la Defensoría Pública y el Defensor de la Niñez de turno para impulsar las medidas de urgencia.
De acuerdo con el documento judicial que viabiliza el traslado del caso al fuero penal, la fundamentación jurídica de la nueva resolución se asienta en las disposiciones taxativas de la Ley N.º 4711/12, normativa vigente en la República del Paraguay que tipifica y sanciona el desacato a una orden judicial emanada de una autoridad competente.
Las autoridades judiciales detallaron que la falta de cumplimiento reportada y denunciada por el Juzgado afecta de manera directa a tres actos procesales consecutivos que resultaban clave para el desarrollo del litigio y la protección de la niña.
A fin de dar soporte y celeridad a la intervención fiscal, el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia adjuntó las impresiones correspondientes a cada una de las citadas resoluciones incumplidas como parte del acervo probatorio inicial. La unidad de la Fiscalía General asignada deberá analizar la conducta procesal del denunciado, determinar la relevancia penal e iniciar las pesquisas pertinentes para esclarecer la supuesta conducta punible que traba el normal avance de las disposiciones de protección y la restitución de la niña desaparecida.
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