El ministro del Interior, Enrique Riera, rompió el silencio tras el trágico desenlace registrado el domingo en la ciudad de Alberdi, departamento de Ñeembucú, donde el joven Federick Nahuel Cáceres Sosa, de 22 años, perdió la vida luego de ser baleado por miembros de la Policía Nacional al supuestamente evadir una barrera de control. En sus declaraciones, el secretario de Estado no eludió la gravedad del caso y reconoció abiertamente que existen fuertes indicios de una actuación irregular y desmedida por parte de las fuerzas de seguridad.
Riera contextualizó que la dotación de uniformados se encontraba desplegada en el marco de un fuerte operativo cerrojo denominado «plan de ñemboty», activado a raíz de un violento asalto en banda perpetrado en la zona el pasado 8 de julio. Explicó que este sistema de retenes había arrojado resultados altamente positivos menos de 48 horas antes, logrando interceptar a parte de los delincuentes originales que intentaban huir a bordo de una ambulancia privada con documentos falsificados. Sin embargo, lamentó profundamente que la rigidez de los controles haya derivado, al día siguiente, en el luctuoso incidente con el joven automovilista.
De acuerdo con el reporte oficial recibido por la comandancia, Cáceres Sosa se detuvo inicialmente ante la barrera, pero al serle exigida la documentación legal correspondiente, aceleró el rodado en lugar de colaborar con los intervinientes. Esto desencadenó una persecución en la cual los efectivos policiales efectuaron los disparos que terminaron impactando en la humanidad de la víctima. El ministro enfatizó que, una vez que los agentes llegaron hasta el vehículo detenido, constataron de forma inmediata que el joven civil se encontraba desarmado, confirmando la vulneración flagrante de los protocolos vigentes para neutralizar a personas en fuga.
Riera remarcó que, de acuerdo con los reglamentos de uso racional de la fuerza, los uniformados contaban con opciones operativas previas antes de abrir fuego contra el conductor, tales como disparar directamente a las cubiertas del vehículo o proceder al cierre estratégico del camino con patrulleras. Tras enterarse del desenlace, el titular de la cartera del Interior ordenó al comandante de la Policía Nacional constituirse en el lugar de los hechos, poner toda la información de forma transparente ante el Ministerio Público e iniciar un sumario administrativo en paralelo a través de la Dirección de Asuntos Internos.
Actualmente, un total de 12 efectivos policiales intervinientes se encuentran desarmados, separados de sus funciones operativas y bajo la medida cautelar de prisión preventiva por disposición judicial. El ministro descartó las versiones preliminares que sugerían una falta de formación o inexperiencia de las tropas en el terreno, precisando que todos los agentes implicados superan los 25 años de edad y operaban bajo el liderazgo directo de oficiales de más de 40 años. Los peritajes del Laboratorio Forense se concentrarán en las huellas balísticas particulares de las armas incautadas para individualizar científicamente al responsable directo del disparo, garantizándole su derecho constitucional a la defensa.
Discussion about this post