Una mujer de 62 años fue rescatada por las autoridades de Brasil tras permanecer durante 55 años sometida a condiciones de trabajo consideradas análogas a la esclavitud. El caso ocurrió en la ciudad de Fortaleza, estado de Ceará, donde la víctima trabajó desde la infancia como empleada doméstica para tres generaciones de una misma familia, sin recibir salario, vacaciones ni acceso a derechos laborales.
Para resguardar su identidad, la Fiscalía brasileña la identifica con el nombre ficticio de «María». De acuerdo con la investigación del Ministerio Público del Trabajo, ingresó a la vivienda cuando tenía apenas siete años y nunca desarrolló una vida independiente. No aprendió a leer ni escribir, no contaba con una cuenta bancaria, jamás administró dinero propio y prácticamente no mantenía contacto con personas ajenas a la familia para la que trabajaba.
Hasta el momento de su rescate, Maria seguía cumpliendo una extensa jornada de tareas domésticas. Cada día comenzaba antes del amanecer preparando el desayuno, realizando la limpieza de la vivienda y colaborando en el cuidado de los niños.
Las autoridades describieron un escenario de aislamiento total. La mujer nunca percibió un sueldo y durante décadas creyó que la alimentación, la ropa y el lugar donde vivía eran la única compensación por su trabajo.
«Vivía prácticamente en una prisión. No sabía desplazarse por la ciudad y tenía miedo del mundo exterior», señaló la fiscal especializada en el combate al trabajo esclavo doméstico, Maria Neuzeli.
Los investigadores explicaron que este tipo de explotación suele iniciarse durante la niñez, cuando las víctimas son incorporadas a hogares donde crecen convencidas de que esa realidad es normal, perdiendo con el tiempo su autonomía económica, social y emocional. En este caso, incluso la madre de Maria había trabajado anteriormente para la misma familia.
La investigación sostiene que la explotación se extendió durante tres generaciones de una familia de apellido Brasil. Según la Fiscalía, la mujer prestó servicios para tres matrimonios pertenecientes al mismo grupo familiar, integrado por jubilados, profesionales y funcionarios públicos.
Además, las autoridades sospechan que los empleadores se apropiaban del dinero correspondiente al beneficio social Bolsa Familia que percibía María, equivalente a unos 115 dólares mensuales.
La familia negó las acusaciones mediante un comunicado difundido por sus abogados, en el que aseguró que mantenía con la mujer una relación basada en la convivencia, el cuidado y el afecto construida a lo largo de varias décadas.
Como parte de un acuerdo con el Ministerio Público del Trabajo, la familia aceptó entregar a la víctima un departamento totalmente equipado, valuado en aproximadamente 30.000 dólares, además de una indemnización cercana a los 10.000 dólares.
No obstante, la Fiscalía aclaró que dicho acuerdo no impide que María inicie acciones judiciales para reclamar el pago de los salarios y demás derechos laborales que, según la investigación, le fueron negados durante más de medio siglo.
Fuente: Folha de S.Paulo
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