Al término de la reunión de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Lucha contra el Contrabando del Senado, se anunció la presentación de un nuevo proyecto de ley para modificar de forma drástica el sistema de compras del programa «Hambre Cero». La propuesta legislativa pretende elevar de manera gradual la adquisición obligatoria de alimentos provenientes de la agricultura familiar campesina, pasando del actual límite de hasta el 10% a una exigencia del 40% para el año 2028. La reforma busca establecer un nuevo método de comercialización directa y aplicar severas sanciones a las empresas proveedoras que no cumplan con la cuota nacional.
El senador Colym Soroka, presidente de la comisión, explicó que la modificación legal establecerá que para el año 2027 las empresas adjudicadas deberán comprar obligatoriamente un 20% de productos nacionales, para luego alcanzar el 40% en el año 2028. Soroka detalló que estas compras tendrán que canalizarse de forma obligatoria a través de los comités, asociaciones o cooperativas locales de todo el país, cuyos socios estén debidamente inscritos en el registro del RENAVE administrado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, una medida clave para eliminar a los intermediarios.
Asimismo, el legislador adelantó que pedirán informes a las firmas del programa para exigirles que inviertan en los departamentos locales con la instalación de depósitos de conservación de frío y seco, lo que permitirá que la producción paraguaya se mantenga por más tiempo en el mercado.
Por su parte, Máximo González, vocero del Gremio de Productores Frutihortícolas del Paraguay, respaldó la propuesta legislativa señalando que la cuota actual del 10% —de la cual solo se ha alcanzado el 8% en la práctica— ya resulta insuficiente para la gran capacidad con la que hoy cuentan las fincas locales. González defendió que los agricultores paraguayos cuentan con el volumen, la calidad y la trazabilidad certificada por el SENAVE para abastecer el mercado interno de forma continua con rubros como tomate y locote, tal como quedó demostrado con el hito histórico de exportación alcanzado entre 2024 y 2025.
El representante gremial también rechazó las versiones de informalidad en el campo, asegurando que las organizaciones rurales están totalmente formalizadas ante el sistema tributario, utilizan firma electrónica y emiten facturas legales.
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