El exagente fiscal Rubén Darío Riveros Medina enfrentará un juicio oral y público luego de que el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción resolviera elevar la causa, en la que está acusado por los hechos punibles de cohecho pasivo agravado y extorsión.
La acusación presentada por el Ministerio Público sostiene que los hechos ocurrieron cuando Riveros Medina se desempeñaba como fiscal y tenía a su cargo la causa N.° 264/2015, relacionada con una investigación por abuso sexual en niños contra Antonio Cabrera Ojeda.
Según la Fiscalía, el entonces agente fiscal habría actuado en coordinación con el abogado Luis Antonio Méndez Vera para exigir dinero a Angélica Rojas Pedrozo, esposa del procesado. Los pagos solicitados habrían alcanzado aproximadamente G. 120 millones, bajo la promesa de lograr el arresto domiciliario y posteriormente desvincular a Cabrera Ojeda del proceso penal.
La investigación fiscal señala que, pese a los desembolsos realizados, la mujer no obtenía los resultados prometidos y era presuntamente presionada para continuar entregando dinero. Además, habría recibido amenazas de que, en caso de cambiar de abogado o dejar de pagar, su esposo podría ser condenado a una pena de entre 20 y 25 años de prisión.
Evidencias presentadas por la Fiscalía
El Ministerio Público fundamentó su acusación con diversas pruebas, entre ellas:
- Entrega vigilada: Durante un operativo realizado el 2 de octubre de 2025, fueron incautados fajos de dinero previamente identificados por el juzgado, que estaban en poder del abogado Méndez y dentro del vehículo utilizado durante los encuentros.
- Evidencia digital: La Fiscalía presentó grabaciones de audio, videos e imágenes de reuniones en las que supuestamente se coordinaban pedidos de dinero y una estrategia procesal para favorecer al procesado.
- Declaraciones testimoniales: La versión de la denunciante fue respaldada por funcionarios de la unidad fiscal y otras personas que habrían tenido conocimiento de las exigencias económicas.
Defensa y resoluciones del juzgado
Durante la audiencia preliminar, el juez Humberto René Otazú Fernández rechazó varios planteamientos de la defensa, entre ellos pedidos de exclusión de testigos y documentos, al considerar que dichas pruebas podrían resultar relevantes para el esclarecimiento de los hechos.
Asimismo, el magistrado denegó la devolución de un teléfono celular incautado, el cual permanecerá bajo custodia por ser considerado un elemento importante dentro de la investigación.
Con la elevación a juicio oral, un Tribunal de Sentencia deberá analizar las pruebas y determinar la responsabilidad o no del exfiscal y del abogado involucrado.
Discussion about this post