El juicio colectivo contra los principales líderes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), concluyó en El Salvador luego de tres meses de audiencias, en las que la Fiscalía solicitó condenas que suman miles de años de prisión para los acusados.
Se trata del primer proceso judicial masivo contra la dirigencia de una organización criminal de este tipo. Entre los procesados se encuentran los 22 integrantes de la llamada «ranfla histórica«, considerada la cúpula más antigua de la estructura pandillera, desarticulada durante la ofensiva antipandillas impulsada por el gobierno de Nayib Bukele.
El proceso inició el 20 de abril con 485 imputados, quienes siguieron las audiencias de forma virtual desde diferentes centros penitenciarios, entre ellos unos 220 cabecillas recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
Antes de dictar sentencia, el Tribunal Contra el Crimen Organizado de San Salvador deberá analizar un expediente compuesto por 650 audios y unos 22.000 documentos, que incluyen informes policiales, fotografías, autopsias y pruebas presentadas por la Fiscalía.
Los acusados enfrentan cargos por homicidios, feminicidios, extorsión, tráfico de armas, narcotráfico, desaparición de personas y rebelión, entre otros delitos. Según la Fiscalía, los procesados están vinculados a más de 14.000 crímenes cometidos entre 2012 y 2022, además de coordinar asesinatos desde las cárceles mediante un sistema conocido como «apertura de válvulas».
El Ministerio Público también presentó evidencias sobre la operación de 230 células de la MS-13 distribuidas en todo el país y solicitó la pena máxima para cada acusado, además del pago de US$ 9 millones en concepto de responsabilidad civil por extorsión agravada.
La Fiscalía sostuvo que las condenas impedirían que los líderes criminales recuperen la libertad. «No les alcanzan ni 10 vidas para poder purgar esas penas», afirmó el fiscal de Crimen Organizado, Max Muñoz.
Entre los hechos atribuidos a la estructura se encuentra la masacre de 87 personas en marzo de 2022, episodio que llevó al gobierno salvadoreño a declarar la «guerra» contra las pandillas mediante un régimen de excepción que, según cifras oficiales, derivó en la detención de unas 92.000 personas.
Fuente: EFE
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