El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, afirmó que el máximo tribunal debe ajustarse al procedimiento establecido por el Estado para la expedición de matrículas de abogados, por lo que el registro del título por parte del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) constituye el requisito suficiente para su otorgamiento.
En entrevista con Radio 1000, explicó que la mayoría de los ministros resolvió respetar los procesos académicos y administrativos vigentes, al considerar que la Corte no tiene competencia para verificar la autenticidad de los títulos universitarios.
«La autenticidad de un título no es función de la Corte. Esa responsabilidad corresponde, en primer lugar, a las universidades, luego al Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) y, finalmente, al Ministerio de Educación», señaló.
Ríos destacó que el MEC prevé implementar desde el próximo año una medida que impedirá el registro de títulos expedidos por carreras de Derecho que no cuenten con la acreditación correspondiente, lo que, a su criterio, contribuirá a fortalecer el sistema.
El magistrado reveló que presentó un proyecto de acordada para que la Corte pudiera aplicar un examen de competencia a los egresados de carreras no acreditadas antes de otorgarles la matrícula profesional. Sin embargo, indicó que la propuesta no obtuvo el respaldo de la mayoría de los ministros.
«Se consideró que, si el MEC dejará de registrar esos títulos, no era necesario avanzar con esa medida y que correspondía esperar la aplicación de esa disposición», explicó.
Respecto a los casos de presuntos títulos falsos, Ríos sostuvo que, cuando existan indicios o evidencias concretas, las autoridades competentes tienen la obligación de denunciar los hechos ante el Ministerio Público.
«Si se detecta un título falso o existen sospechas fundadas, corresponde realizar la denuncia. La Corte no puede hacer más que respetar el procedimiento establecido por el Estado, salvo que cuente con información concreta sobre un caso determinado», manifestó.
Recordó que, hace aproximadamente dos años, la Corte ordenó investigar los antecedentes académicos de un profesional luego de que uno de los ministros aportara información específica sobre posibles irregularidades.
Proyecto de ley sigue pendiente en el Congreso
El ministro también recordó que hace cerca de dos años la Corte Suprema remitió al Congreso Nacional un proyecto de ley destinado a fortalecer el control del ejercicio de la profesión de abogado, iniciativa impulsada en gran medida por el ministro Eugenio Jiménez Rolón.
Indicó que la propuesta contempla mecanismos de validación y control de la formación profesional, aunque no incluye la colegiación obligatoria, debido a que la Constitución Nacional garantiza que ninguna persona puede ser obligada a integrar una organización.
Finalmente, Ríos lamentó que el proyecto aún no haya sido tratado por el Poder Legislativo y expresó su preocupación por la proliferación de instituciones de educación superior.
«Hoy existen más de 50 universidades, de las cuales solo diez son públicas. Esto tiene una dimensión política, pero también implica una responsabilidad académica. Debemos preguntarnos cómo podemos permitir que se produzca una situación que termina perjudicando a toda la sociedad», concluyó.
Asimismo, recordó que cualquier ciudadano puede presentar denuncias relacionadas con presuntas irregularidades mediante las direcciones oficiales o los correos institucionales de la Corte Suprema de Justicia, así como directamente ante cualquiera de sus nueve ministros.
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