Un viaje al médico terminó en una situación de angustia y humillación para una madre y su hijo de 14 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA). El adolescente fue obligado a descender de un colectivo junto con su madre luego de que el chofer se negara a reconocer el beneficio de transporte gratuito que le corresponde por ley a las personas con discapacidad.
El episodio ocurrió el miércoles pasado, durante la siesta, frente al Fuente Shopping Salemma, en Fernando de la Mora. La mujer, identificada como Patricia López, denunció públicamente lo sucedido y apuntó contra el conductor de un ómnibus de la Línea 11, coche N.º 705, que se dirigía hacia el IPS Central-CESI, donde su hijo tenía una consulta médica.
Según su relato, luego de abonar su propio pasaje, el chofer le exigió que también pagara el boleto del adolescente. La madre le explicó que el menor contaba con un carnet expedido por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS), que acredita su derecho a viajar gratuitamente en el transporte público.
Pero el conductor no aceptó la documentación. Incluso, otra pasajera se ofreció a pagar el importe para evitar una discusión. Sin embargo, la situación escaló durante el recorrido: el chofer detuvo el colectivo frente a una comisaría, hizo bajar a todos los pasajeros y pidió intervención policial para que la mujer fuera obligada a abonar el pasaje de su hijo.
La situación finalmente se resolvió cuando un agente policial escuchó a la madre, verificó el carnet y confirmó que el adolescente tenía derecho al beneficio. El uniformado le pidió disculpas por el mal momento y permitió que ambos continuaran su viaje.
«Tengo para pagar un pasaje y muchos más, pero es el derecho de mi hijo»
Tras el episodio, Patricia López expresó su indignación por el trato recibido y cuestionó que una situación que podía resolverse con una simple verificación terminara con su hijo y ella frente a una comisaría.
«Es la primera vez que me pasa esto. En todas las líneas siempre respetaron a mi hijo. Tengo para pagar un pasaje y muchos más, pero es el derecho de mi hijo. Es tan cruel que por Gs. 2.300 me haya llevado hasta una comisaría por algo que está en la ley», manifestó.
La madre pidió que se respeten los derechos de las personas con discapacidad y reclamó que situaciones como esta no vuelvan a repetirse. El caso vuelve a poner en discusión el trato que reciben los pasajeros con discapacidad y la obligación de los prestadores del transporte público de garantizar el cumplimiento de sus derechos.
Fuente: Policía Nacional
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