En un fallo ejemplar que pone fin a tres décadas de abusos y violencia intrafamiliar, el Tribunal de Sentencia de Alto Paraná condenó a la pena máxima de 25 años de prisión a un ciudadano argentino de 63 años de edad. El hombre fue hallado culpable de la comisión de los hechos punibles de abuso sexual en niños, coacción sexual y violación, e incesto. Durante el juicio oral, el fiscal Alberto Torres, en representación del Ministerio Público, produjo un caudal de pruebas documentales, testimoniales y científicas que resultaron determinantes para que los magistrados Edgar Lezcano (presidente), Zunilda Martínez Noguera y Herminio Montiel dictaran la elevada sentencia.
El calvario de las víctimas comenzó en el año 1994 en Ciudad del Este, cuando el ahora condenado sometió sexualmente por primera vez a su hijastra, quien en ese entonces tenía apenas 11 años de edad. Como consecuencia de los abusos y el sometimiento sistemático a lo largo de los años, la víctima quedó embarazada en reiteradas ocasiones y llegó a tener ocho hijos con su propio agresor. Tiempo después, el grupo familiar se trasladó a una vivienda ubicada en el barrio Tres Fronteras de la ciudad de Presidente Franco, donde el hombre impuso un régimen de terror, manteniendo a las víctimas bajo constantes amenazas de muerte y sometidas a una estricta violencia económica.
Lejos de detenerse, el agresor extendió el círculo de abusos hacia las hijas biológicas que había tenido con su hijastra. En el año 2019, cuando una de ellas cumplió los 12 años, el hombre comenzó a violarla de manera sistemática mediante el uso de la fuerza física y amenazas de muerte, situación que se prolongó hasta que la adolescente logró oponer resistencia en el año 2021. Al no poder continuar con los abusos hacia ella, el condenado dirigió las agresiones sexuales hacia otra de sus hijas biológicas de tan solo 11 años de edad, sometiéndola al coito de forma sistemática hasta marzo de 2024.
El calvario familiar finalmente salió a la luz cuando la hija mayor decidió rebelarse contra el maltrato y presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público, revelando además que su hermana menor, de 10 años, había sido testigo presencial de los ataques. Durante la etapa investigativa, la Fiscalía constató que el hombre ya arrastraba denuncias previas —que no habían sido concluidas— por abusos contra otra de sus hijas en los años 2012 y 2019.
El informe del médico forense y el diagnóstico de las psicólogas del Centro de Atención a Víctimas de la Fiscalía confirmaron plenamente el daño físico y psicológico de las afectadas. Cabe destacar que, en estricto cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, los nombres del condenado y de las víctimas se omiten para proteger la identidad de las menores de edad.
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