El Juez Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal, ordenó la entrega efectiva de cuatro ciudadanos paraguayos a las autoridades de la República Federativa del Brasil en el marco del denominado «Operativo Dakovo». La resolución, firmada el pasado 15 de julio de 2026, dispone el traslado inmediato de Manuel Antonio Gómez Ojeda, Eliane Magali Marengo Subeldía, María Mercedes Ocampos Centurión y Ricardo Luis Morra Gadea, quienes son requeridos por la justicia del vecino país bajo los cargos de organización criminal y tráfico internacional de armas de fuego.
Este proceso se originó tras un exhorto enviado por el 2° Tribunal Penal Federal de Salvador/Bahía, que investiga a una red transnacional que importaba armas legalmente al Paraguay para luego desviarlas al mercado ilícito brasileño tras alterar sus números de serie.
El magistrado explicó que, aunque la sentencia definitiva que hacía lugar a la extradición de los implicados fue dictada el 14 de julio del año pasado, el proceso sufrió constantes dilaciones debido a que las defensas técnicas atacaron la resolución con recursos de apelación y, posteriormente, con acciones de inconstitucionalidad ante la máxima instancia judicial. Sin embargo, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazó la totalidad de estas acciones por diversos motivos, dejando finalmente vía libre para materializar la entrega de los procesados que ya no cuentan con trabas legales.
Ante este escenario, el juzgado ya libró los oficios correspondientes a la Interpol OCN Asunción para coordinar con la Policía Federal de Brasil la fecha de entrega, los datos de vuelo y la nómina de los agentes policiales que vendrán a buscar a los extraditables.
Por otro lado, la situación procesal de los demás involucrados en la causa presenta un panorama variado dentro del sistema judicial paraguayo debido a los pormenores de cada expediente. Mientras que los requeridos Victorino Gómez Paredes y Paulo César Fines Ventura se acogieron previamente al procedimiento abreviado de extradición voluntaria, gran parte de los demás implicados —incluyendo a exaltos mandos militares y funcionarios de la Dirección de Material Bélico (DIMABEL)— tienen procesos penales activos en Paraguay, por lo que su entrega física al Brasil permanecerá diferida hasta que concluyan sus juicios a nivel local. Asimismo, el juez señaló que existe un procesado de apellido Díaz cuya acción de inconstitucionalidad sigue vigente, mientras que el caso de Arnaldo Andrés Cubas Cantero y Julio César Cubas Cantero continúa en suspenso a la espera de una resolución formal de la Sala Constitucional de la Corte.
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