El cuerpo de bomberos voluntarios logró sofocar por completo el incendio que se había registrado este sábado sobre la avenida Salim Yubi, en la ciudad de Luque. El siniestro, que inicialmente movilizó a los equipos de emergencia, se localizó en las inmediaciones del Club de Oficiales de la Policía Nacional y a solo una cuadra de la Comisaría 52.ª de Ñu Guasu. Las tareas de enfriamiento permitieron controlar las llamas y evitar su propagación a estructuras aledañas, confirmándose de manera oficial que no se registraron personas heridas ni víctimas que lamentar a causa del fuego.
Sin embargo, tras culminar las labores de extinción, el panorama tomó un rumbo investigativo tras la intervención de las fuerzas de seguridad en el recinto afectado. El comisario Christian González, subjefe de la Comisaría 52.ª de Luque, confirmó que, luego de una inspección minuciosa realizada por parte de los uniformados policiales dentro del establecimiento, se procedió al hallazgo de un lote de «armas de dudosa procedencia» que no estaban declaradas en el sitio.
Ante este sorpresivo descubrimiento, el jefe policial sostuvo que se solicitó de manera técnica la presencia del personal del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional. Los peritos especializados serán los encargados de realizar los análisis correspondientes para determinar científicamente si los elementos incautados son armas de fuego reales o si se trata de réplicas de juguete, debido a que se requiere de un dictamen pericial para deslindar las responsabilidades del caso.
Por su parte, el propietario del depósito siniestrado prefirió no brindar declaraciones ni conversar de manera directa con los medios de prensa apostados en el lugar. No obstante, ante las autoridades intervinientes declaró textualmente lo mismo: que dichos objetos son armas utilizadas exclusivamente para la práctica deportiva de airsoft (aire comprimido) en entrenamientos que supuestamente realizan en la ciudad de Fernando de la Mora. Pese a esta justificación, el caso fue comunicado formalmente al Ministerio Público, por lo que se aguarda la inmediata intervención de la Fiscalía para esclarecer el origen y la legalidad del armamento.
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