El Ministerio Público presentó acusación formal contra José Fernando Darío Estigarribia Cristaldo, de 37 años, alias «La Maldad» y solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público por los presuntos hechos punibles de tráfico internacional de drogas, asociación criminal y lavado de activos. El requerimiento fue presentado por el fiscal Deny Yoon Pak, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado, ante el Juzgado Penal de Garantías N.° 3.
Según la acusación, el procesado, exfuncionario de unidades especializadas del Ministerio Público, habría desempeñado un papel clave dentro de la estructura financiera y logística que, de acuerdo con la investigación, era liderada en Paraguay por el uruguayo Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias «Tío Rico».
La Fiscalía sostiene que Estigarribia Cristaldo integraba el círculo de confianza de Marset y que una de sus principales funciones consistía en recibir y trasladar importantes sumas de dinero en efectivo provenientes del tráfico internacional de cocaína.
Además, el Ministerio Público le atribuye la ejecución de distintas operaciones destinadas a incorporar recursos de origen ilícito al sistema financiero y comercial del país. Entre ellas figura la adquisición, junto con su hermano, de acciones de la empresa gastronómica Prokitchen S.A. (Woko), parte de las cuales posteriormente habrían sido transferidas a Marset. La firma, según la investigación, habría sido utilizada para cubrir gastos personales de la familia del presunto narcotraficante y financiar actividades deportivas y eventos.
La acusación también refiere que el procesado alquiló e instaló el gimnasio de artes marciales «Team Force», en Asunción, establecimiento que presuntamente fue utilizado para administrar fondos y justificar ingresos mediante contratos de publicidad con instituciones deportivas.
Otro de los puntos señalados por la Fiscalía es la compra de vehículos de alta gama que luego habrían sido transferidos mediante contratos simulados de compraventa a familiares, con el objetivo de evitar su eventual comiso. Asimismo, se le atribuye la adquisición de armas de fuego y accesorios que, supuestamente, estaban destinados a la seguridad de los principales integrantes de la organización.
El caso forma parte de la causa N.° 1358/2022, abierta tras el operativo «A Ultranza Py», que investiga una red transnacional de narcotráfico señalada por haber enviado más de 17.000 kilogramos de cocaína hacia puertos de Europa y África entre 2020 y 2021. De acuerdo con la pesquisa, la organización utilizaba pistas clandestinas en el Chaco, estancias de acopio en los departamentos de Presidente Hayes y San Pedro, además de contenedores de exportación para el traslado de la droga.
Con la presentación de la acusación, el Juzgado Penal de Garantías deberá convocar a una audiencia preliminar, instancia en la que se resolverá si la causa es elevada a juicio oral y público.
Fuente: Perla Silguero – periodista de Judiciales – Radio 1000
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