El vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas del Paraguay, Eduardo Pérez Avid, sostuvo que la elevada informalidad laboral en el país responde principalmente a la falta de políticas efectivas de fiscalización por parte del Estado y advirtió que esta situación perjudica tanto a los trabajadores como a las empresas que cumplen con la ley.
En entrevista con Radio 1000, afirmó que la informalidad genera una competencia desleal, ya que quienes incumplen las normas laborales reducen costos y obtienen ventajas frente a los empleadores que sí respetan la legislación.
«La informalidad empuja hacia abajo. Hay quienes buscan no cumplir con la ley para ser más competitivos, cuando debería ser exactamente al revés», expresó.
Pérez Avid señaló que el Ministerio de Trabajo es la institución encargada de hacer cumplir el Código Laboral mediante inspecciones y controles, pero consideró que existe un déficit en las tareas de fiscalización. Añadió que el Instituto de Previsión Social (IPS), a través del sistema de aporte obrero-patronal, también tiene un rol fundamental en el control del cumplimiento de las obligaciones laborales.
El especialista cuestionó además los criterios utilizados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para medir el desempleo, al considerar que una persona que trabaja de manera ocasional uno o dos días por semana no puede ser considerada plenamente ocupada.
«Es muy difícil que una persona que trabaja apenas uno o dos jornales semanales pueda llevar una vida digna, como garantizan la Constitución, el Código del Trabajo y los convenios internacionales», afirmó.
Indicó que muchas de esas personas tampoco están registradas en el Ministerio de Trabajo ni cuentan con cobertura del IPS, por lo que, a su criterio, las cifras de empleo no reflejan completamente la realidad del mercado laboral.
Pérez Avid estimó que, de una fuerza laboral cercana a los dos millones de personas, aproximadamente un millón permanece fuera del sistema formal.
Asimismo, señaló que, si bien el INE registra más de 3,2 millones de personas ocupadas, esa cifra incluye a trabajadores eventuales o «changueros», por lo que considera que la informalidad debería medirse en función de los empleos permanentes que, por obligación legal, deben estar registrados ante el Ministerio de Trabajo y el IPS.
El abogado también hizo referencia a un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que advierte que la informalidad laboral continúa siendo uno de los principales desafíos en América Latina.
Según explicó, países como Perú presentan niveles de informalidad cercanos al 67%, mientras que varias naciones de Centroamérica, Bolivia y otros países sudamericanos también registran porcentajes superiores al 60%.
En ese contexto, sostuvo que la informalidad laboral constituye un problema estructural que requiere políticas públicas sostenidas para fomentar el empleo formal, fortalecer los mecanismos de fiscalización y aplicar sanciones a quienes incumplen la legislación laboral.
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