Tras las repercusiones derivadas del siniestro vial en Pedrozo, la empresa concesionaria Rutas del Este explicó que las demoras en la construcción de la infraestructura de seguridad obedecen a trabas procesales provocadas por un reducido grupo de propietarios. El representante legal de la firma, el abogado Juan Guiñazú, salió al paso de los cuestionamientos y explicó que la compañía realizó las gestiones de expropiación dentro de los marcos legales y con evaluaciones económicas ajustadas a la realidad del sector inmobiliario al momento de presentar las ofertas a los afectados.
En entrevista con ABC Noticias, el profesional graficó el nivel de acatamiento a los procesos de liberación de franja de dominio, y enfatizó que la inmensa mayoría de las familias involucradas en el proyecto aceptaron las compensaciones planteadas. «Se expropiaron más de 100 propietarios en todo el desarrollo de la obra, hubo más de 100 expropiados que fueron afectados. De 100 afectados expropiados solo 3 no aceptaron por distintos motivos el proceso de expropiación y se judicializó el proceso», puntualizó.
El conflicto no radica únicamente en la disputa por la suma de dinero ofertada por los terrenos, sino en la negativa física de los propietarios a permitir el ingreso de la maquinaria para iniciar los trabajos. «La situación que se dio con estos tres afectados que judicializaron es lo que demoró la obra porque además hay que poner esto en su justa medida, el aceptar o no el monto es una de las partes del proceso de expropiación, perfectamente el propietario puede discutir judicialmente el monto y permitirnos trabajar, el problema es que los propietarios mientras discuten el monto, no nos dejan trabajar», aseveró Guiñazú.
El representante legal remarcó que los montos ofrecidos respondían a valores de mercado validados por peritajes, lo cual se reflejó en el alto índice de aprobación obtenido a lo largo de la ruta. «Si nosotros no estuviéramos pagando valores de mercado, no estaríamos teniendo el 95 % aceptación de los propietarios, entonces eso nos obliga a ir a juicio, iniciar el proceso de pago por consignación, pedir al juez que nos dé la posesión del inmueble y eso demoró 8 meses», argumentó sobre la paralización forzosa de los trabajos en ese tramo específico.
Por último, el vocero de la empresa sostuvo que la planificación de la obra se encuentra dentro de los plazos técnicos estipulados a partir del momento en que se logra el acceso efectivo a la franja de terreno requerida. Al referirse al caso puntual de uno de los propietarios que litiga, Guiñazú concluyó: «Las obras tienen un plazo previsto, lo que queda de obra en función del cronograma, tiene un plazo previsto de entre 4 y 5 meses. Nosotros le notificamos a Carlos Ayala el monto a fin del año pasado, si a fin del año pasado él decía que no estaba de acuerdo pero no tengo problema en que ejecute la obra mientras discuto el monto, no estaríamos teniendo esta conversación».
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