El Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), volvió a reclamar al Viceministerio de Transporte la actualización y determinación de las tarifas del transporte público y advirtió que el sistema acumula un desfase de aproximadamente nueve meses.
Mediante una nota remitida el 20 de agosto al Viceministerio Transporte, la organización empresarial, expresó su preocupación por la demora en la actualización de los valores y sostuvo que la situación está generando un impacto directo sobre la estructura económica de las empresas que prestan el servicio.
El reclamo se produce, según Cetrapam, luego de que transcurrieran ocho días desde la presentación de una nota anterior, sin que hasta el momento haya recibido una respuesta de la institución.
El gremio plantea que la regularización debe avanzar de manera prioritaria sobre tres períodos que permanecen pendientes.
El primero corresponde a la actualización del componente de combustible de las tarifas cerradas por el último Consejo Asesor de Transporte, para el período comprendido entre enero y octubre de 2025. En este punto, también reclama la aplicación del artículo 8 del Decreto N.º 710/2023.
El segundo tramo abarca desde noviembre de 2025 hasta abril de 2026, período para el cual solicita que se determinen las tarifas mediante la metodología denominada pre-ANTP, incluyendo el impacto económico de los transbordos.
Según sostiene Cetrapam, la falta de actualización de los valores tarifarios se traduce en un perjuicio económico para las empresas, cuyos costos de operación continúan modificándose mientras los mecanismos para reconocerlos permanecen desactualizados. Mencionó entre los principales gastos que deben afrontar las empresas el combustible, mantenimiento, repuestos, personal, renovación y conservación de las unidades.
Cetrapam avisó que mantener durante períodos prolongados una estructura económica desfasada reduce la capacidad de las empresas para sostener las condiciones de prestación del servicio.
En ese sentido, plantea que existe una contradicción entre exigir mayores niveles de calidad y cumplimiento y, al mismo tiempo, mantener pendientes los mecanismos que determinan los recursos necesarios para financiar el transporte.
La entidad empresarial también sostiene que las compañías han demostrado su disposición a continuar prestando el servicio y acompañar los procesos de modernización impulsados por el Estado.
Sin embargo, advirtió que esa voluntad no puede implicar que las empresas absorban de manera indefinida costos que deberían estar contemplados dentro de la estructura económica del sistema.
«El sector privado no puede continuar financiando, mediante el deterioro de su patrimonio, los atrasos de un proceso cuya responsabilidad corresponde a la autoridad competente«, sostuvo la nota de Cetrapam
Cetrapam concluyó con un pedido de atención urgente para evitar que el atraso tarifario continúe acumulándose y termine teniendo consecuencias mayores sobre la prestación del transporte público.
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