Durante la sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores, el parlamentario Colym Soroka solicitó moción de preferencia para que la propuesta sea debatida en un plazo de tres semanas. Durante su intervención, respaldada por la proyección de un material audiovisual explicativo, el legislador sostuvo que actualmente cerca de 150 a 200 millones de dólares salen anualmente del país en concepto de regalías por patentes sobre biotecnología en soja, sin que esos fondos representen un retorno directo en inversión o infraestructura para las zonas de producción.
Uno de los pilares del proyecto radica en la transparencia obligatoria, estableciendo que cualquier contrato, factura o liquidación comercial que exija el pago de derechos de propiedad intelectual deba detallar taxativamente el número de registro otorgado por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) y su fecha de vencimiento. En caso de incumplimiento de estos requisitos, el documento carecerá de validez legal. Asimismo, la propuesta contempla la extinción del derecho a cobro por pérdida de utilidad industrial, medida que aplicará si la semilla pierde su capacidad de resistencia contra plagas o malezas antes del plazo de 20 años fijado por ley.
El proyecto de ley aborda igualmente los mecanismos de cobro desarrollados por el sector corporativo, tales como la renovación de licencias mediante modificaciones mínimas en los granos —práctica conocida como apilamiento de patentes o stacking— y la fiscalización privada efectuada en fincas y acopios. De aprobarse la normativa, los controles en puertos y silos requerirán de dictámenes elaborados por equipos técnicos del Estado y universidades públicas, eliminando la potestad de las empresas de aplicar retenciones unilaterales sobre el precio final del grano.
Por último, la iniciativa legal estipula la creación de un mecanismo de retorno social que obligará a destinar el 2% de todas las regalías cobradas dentro del territorio nacional al financiamiento de la investigación científica en universidades públicas para el desarrollo de semillas locales, así como al mantenimiento y conservación de la red de caminos rurales en las zonas productivas.
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