El desencuentro principal radica en la brecha entre las pretensiones sindicales y el planteamiento estatal. El Dr. Roberto Riveros, secretario de la Sociedad de Cirujanos Pediátricos, explicó que el gremio propuso fijar un piso de Gs. 8.000.000 por rubro para luego avanzar mediante un escalafón progresivo, tal como se intentó en 2022. Sin embargo, la contrapropuesta del Ejecutivo contempló un reajuste de apenas Gs. 400.000 para contratados —elevando el piso a Gs. 5.400.000— y de Gs. 500.000 por cada cinco años de antigüedad para nombrados a partir de julio de 2027. Además, Riveros cuestionó la falta de una fuente de financiamiento estable y garantizada dentro del Presupuesto General de la Nación para sostener dicha escala.
Por su parte, la doctora Rossana González, vocera del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), expresó un rechazo absoluto a la iniciativa oficial, afirmando que «lo más probable es que volvamos otra vez a una huelga nacional de médicos». La dirigente fustigó la falta de una verdadera reforma de fondo al señalar que «ella (la ministra) propuso una escala salarial médica por antigüedad; en ningún momento mostró la carrera sanitaria». Asimismo, advirtió a las bases sobre las limitaciones del ofrecimiento: «Nosotros no podemos caer en esa trampa de creer que la totalidad va a aumentar tres millones o dos millones. Eso es mentira. La gran mayoría lo que va a aumentar serían cuatrocientos mil guaraníes».
La parálisis en las negociaciones ya se traduce en un impacto operativo en la red de salud pública, con cerca de 150 renuncias en trámite a nivel nacional. González alertó sobre la gravedad de la fuga de profesionales, señalando que en el Hospital San Pablo dimitieron la totalidad de los terapistas y neonatólogos, situación a la que se suman renuncias de jefes médicos en Itapúa, Ciudad del Este y del propio director del Hospital Nacional de Itauguá. «Aunque fueran cinco, son personas que no se les puede sustituir», remarcó la vocera del Sinamed sobre la dificultad de cubrir estos puestos de alta especialización.
Pese al conflicto en el apartado de haberes, la representación médica reconoció avances significativos en otros puntos de la mesa de diálogo. El gremio valoró el ofrecimiento gubernamental de abonar Gs. 1.000.000 por trabajo en días feriados y celebró la propuesta de destinar USD 260 millones para garantizar el abastecimiento de medicamentos e insumos en los centros asistenciales. La dirigencia sindical adelantó que asumirá la tarea moral de fiscalizar que dichos fondos efectivamente lleguen a los pacientes durante el próximo ejercicio presupuestario.
No obstante, las organizaciones médicas ratificaron que la ausencia de un acuerdo en el salario base se mantiene como el único y determinante detonante para la paralización de los servicios. En las próximas horas, las asambleas gremiales evaluarán la contrapropuesta oficial para decidir de forma definitiva la ratificación de las medidas de fuerza, mientras los hospitales públicos operan en un clima de incertidumbre.
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