La parlamentaria expresó su disconformidad ante la reunión realizada en la sede legislativa, señalando que la iniciativa individual de las senadoras Lilian Samaniego y Noelia Cabrera desvirtuó la agenda de la comisión de crisis convocada originalmente por la mesa directiva. La congresista relató haber mantenido un tenso cruce con sus colegas al percatarse del tenor del encuentro, manifestando de forma contundente que «yo entendí claramente que esta era una maniobra para dividir, se lo dije, le dije que esto a los propios colegas, que si ellos tienen reivindicaciones, fantástico, pero que estas medidas fueron tomadas en la asamblea de SINAMED».
Asimismo, la legisladora apuntó directamente a la conducción del Ministerio de Salud Pública por avalar una resolución sin la participación de la totalidad de las organizaciones médicas involucradas en el reclamo salarial. Al evaluar el desempeño de la titular de la cartera sanitaria en la gestión del conflicto, la representante parlamentaria afirmó categóricamente ante la prensa que «ella se tiene que ir a su casa, no puede. Puso en riesgo la negociación, es incapaz, la persona menos aceptada por todos los gremios», argumentando que el Poder Ejecutivo debe intervenir de forma directa ante la huelga anunciada.
Por otra parte, la congresista valoró el esfuerzo del grupo de senadores que buscaba articular propuestas financieras viables con la dirigencia sindical, lamentando que las negociaciones bilaterales distorsionen los avances obtenidos en la mesa de diálogo. La parlamentaria cuestionó la falta de articulación entre el gabinete y las comisiones parlamentarias, advirtiendo sobre el malestar generado en las bases médicas ante los anuncios difundidos tras la firma del acta.
Finalmente, la representante parlamentaria instó al colectivo de profesionales a sostener las reivindicaciones mediante las vías institucionales y las decisiones de sus respectivas asambleas. La legisladora concluyó que la resolución de la problemática sanitaria requiere institucionalidad y capacidad técnica de las autoridades nacionales, evitando parches presupuestarios que agraven las medidas de fuerza en los establecimientos de salud pública del país.























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