La imputación formulada por los fiscales Ingrid Cubilla, Luis Said, Christian Ortiz y José Morínigo describe a Solís Gómez —quien se desempeñaba como funcionaria del Ministerio Público y prestaba servicios comisionada en la Municipalidad de Cerro Corá— como un elemento clave dentro de la estructura. Según la hipótesis del Ministerio Público, la mujer actuó entre 2019 y 2023 como operadora de confianza del difunto parlamentario Eulalio «Lalo» Gomes, utilizando su posición para influir en expedientes, coordinar con jueces o defensores y canalizar información privilegiada proveniente de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas.
El abogado defensor, Jorge Barrios, brindó detalles sobre los planteamientos presentados ante el juez Humberto Otazú, quien se encuentra interinando la magistratura del caso. «La fiscalía se ratificó en el pedido de prisión preventiva, pero nosotros hemos planteado que la misma sea beneficiada con una medida menos gravosa. Hemos pedido el arresto teniendo en cuenta que consideramos que tiene suficiente arraigo y hemos pedido la pulsera electrónica», explicó el profesional del derecho, remarcando que existen condiciones legales para otorgar el beneficio.
En relación con el comportamiento procesal de su representada, la defensa desmintió las versiones iniciales que señalaban que la mujer intentó eludir los procedimientos policiales. Barrios enfatizó que Solís Gómez se presentó de forma espontánea tras las intervenciones en la base de Crimen Organizado de Pedro Juan Caballero y que posteriormente prestó declaración indagatoria ante la representación fiscal, demostrando su sujeción plena al desarrollo del proceso penal.
Consultado sobre la postura de la imputada frente a la serie de hechos punibles que se le atribuyen —entre ellos asociación criminal y frustración de la persecución penal—, la defensa adelantó que la estrategia se enfocará en desvirtuar cada uno de los señalamientos del escrito fiscal. «Ella manifiesta que va a demostrar todos y cada uno de los hechos con el descargo respectivo, demostrando su inocencia. Mañana estaríamos retirando las copias de la carpeta para ver ya una estrategia dentro de lo que es su defensa técnica», acotó el letrado al señalar que la causa ya reúne varios tomos de evidencias.
La decisión final sobre el otorgamiento de la prisión preventiva o la concesión de las medidas alternativas con supervisión electrónica quedó pendiente de la resolución que emita la magistratura. Mientras tanto, el proceso sigue sumando elementos sobre las ramificaciones de la red investigada en distintos estamentos del sistema de justicia.
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