Tras la condena de 8 años de prisión impuesta al exsenador y exmiembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Hernán Rivas, por el uso de un título de abogado falso, el profesional del derecho Manuel Riera, en charla con Radio 1000, expresó su conformidad con la sentencia y la calificó de «espectacular» y «paradigmática».
Apuntó que el caso de Rivas constituye un elemento «marginal» en comparación con la verdadera magnitud de la problemática, al señalar que el exlegislador únicamente dejó al descubierto un esquema mucho más profundo.
«Lo de Rivas es marginal. Es la persona que, sin querer, puso a la luz algo que de alguna manera todo el mundo sabía. Detrás de esto hay un esquema mafioso inmenso de producción de títulos falsos. Esto debería ser el inicio de algo más grande», afirmó, subrayando la necesidad de investigar a rectores, decanos, funcionarios del Ministerio de Educación, miembros del CONES e integrantes del propio Poder Judicial.
A partir de allí, Riera planteó la necesidad de ampliar el foco de las pesquisas y determinar eventuales responsabilidades dentro de las instituciones involucradas. Mencionó, entre otros, a rectores, y decanos, funcionarios de universidades, autoridades del Ministerio de Educación, integrantes del CONES y eventualmente, personas vinculadas al Poder Judicial.
El plateo de Riera no se limita a la cuestión de los títulos. El abogado también propuso revisar las actuaciones que Rivas desarrolló como integrante del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), desde su intervención en procesos contra jueces y fiscales hasta cuestiones administrativas vinculadas con contrataciones, empleados, licitaciones y adjudicaciones.
La hipótesis que expuso es que, si se determina que Rivas no estaba habilitado legalmente para integrar el Jurado, podrían surgir cuestionamientos sobre la validez de determinados actos realizados durante ese período.
El abogado puso el foco en una cuestión que, según explicó, podría tener consecuencias más amplias que las derivadas exclusivamente del proceso penal: las eventuales nulidades en el ámbito civil.
«Es mucho más interesante el análisis de una nulidad en el ámbito civil que en la cuestión penal», sostuvo, al señalar que este tipo de acciones no estaría sujeto a las mismas limitaciones temporales que una investigación penal.
Según su planteo, si un acto jurídico fuera declarado nulo, la consecuencia podría extenderse a los actos posteriores que dependieran de aquel. Por eso, consideró que una eventual revisión judicial podría alcanzar no solo decisiones adoptadas directamente por Rivas, sino también sus efectos posteriores.
A su entender, una investigación de ese tipo tendría además un efecto preventivo frente a futuras situaciones similares.
Finalmente, Riera sugirió la intervención del Defensor del Pueblo para instar acciones legales en defensa de los intereses colectivos y de la ciudadanía. Advirtió sobre el peligro social que representa la proliferación de profesionales con acreditaciones fraudulentas.
«Un médico sin formación te amputa la pierna incorrecta, un arquitecto hace una casa que se cae, y un abogado falso te hace perder la libertad o tu patrimonio. La sociedad paraguaya no debe aceptar que existan prestadores de servicios sin la formación correspondiente», sentenció Riera.
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