Estados Unidos amplió su ofensiva contra funcionarios y empresarios de América Latina y anunció restricciones de ingreso para 27 personas de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, a quienes acusa de corrupción, vínculos con el narcotráfico o de obstaculizar el funcionamiento de gobiernos democráticamente elegidos.
La medida, impulsada por el Departamento de Estado durante la administración de Donald Trump, incluye jueces, fiscales, funcionarios policiales, empresarios y políticos. En algunos casos se revocaron visas vigentes y en otros se estableció la imposibilidad de obtenerlas. Las restricciones también alcanzan a familiares directos de algunos de los sancionados.
Uno de los principales señalados es Roger Mariaca, fiscal general de Bolivia, a quien Washington acusa de haber solicitado y aceptado sobornos vinculados al narcotráfico y de haber ayudado a delincuentes violentos a eludir la Justicia. Mariaca y sus familiares directos quedaron impedidos de ingresar a Estados Unidos.
Bolivia concentra la mayor parte de las restricciones. La lista incluye a fiscales y jueces, entre ellos magistrados de la Corte Suprema, además del exministro de Justicia Iván Lima. Según los reportes sobre la decisión estadounidense, 12 ciudadanos bolivianos tenían visas que fueron revocadas y otros nueve quedaron impedidos de obtenerlas.
En Colombia, Washington revocó las visas de la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú y del empresario Euclides Antonio Torres Romero. Ambos han sido vinculados políticamente con el expresidente Gustavo Petro.
En Perú, la medida alcanzó al juez Juan Carlos Núñez Matos, del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, y a sus familiares. En Ecuador, Estados Unidos informó sobre restricciones contra dos ciudadanos y sus familias, aunque sus nombres no fueron difundidos públicamente.
El Departamento de Estado justificó la decisión como parte de su política para impedir el ingreso a Estados Unidos de extranjeros que, según Washington, utilicen la corrupción o el narcotráfico para debilitar gobiernos elegidos democráticamente.
La ofensiva se enmarca en el Escudo de las Américas, la iniciativa impulsada por Trump para coordinar a gobiernos de la región en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. La coalición fue lanzada en marzo y actualmente reúne a más de una decena de países.
La medida llega en un momento de mayor coordinación entre Washington y los gobiernos de la región. Colombia, bajo la presidencia de Abelardo de la Espriella, y Perú, gobernado por Keiko Fujimori, se incorporaron al Escudo de las Américas durante septiembre. Ambos mandatarios participaron posteriormente de una reunión de alto nivel de la alianza en Nueva York.
Con las nuevas restricciones de visa, la administración Trump profundiza así el uso de las sanciones migratorias como herramienta contra funcionarios y particulares a los que acusa de corrupción, narcotráfico o de afectar las instituciones democráticas en el continente.
Fuente: EFE
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