El Gobierno de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aprobó un nuevo decreto de seguridad que establece penas de hasta cinco años de prisión por participación violenta en manifestaciones, endurece las sanciones por saqueos y actos vandálicos y amplía las medidas aplicables a menores de edad. Además, dispuso el despliegue de 500 militares en Milán hasta finales de 2026.
La normativa fue aprobada el martes 20 de octubre, tras los disturbios registrados durante el fin de semana en varias ciudades del norte de Italia. El paquete, denominado «decreto Cortei», busca reforzar el control del orden público y combatir la delincuencia juvenil.
«Vandalizar y robar no es protestar, es delincuencia», afirmó Meloni al anunciar las nuevas disposiciones, que entran en vigor de inmediato.
Una de las principales novedades es la creación del delito de participación violenta en manifestaciones. Quienes integren grupos de cinco o más personas y utilicen objetos peligrosos, como piedras, palos o petardos, poniendo en riesgo la seguridad pública, podrán recibir penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20.000 euros. Las sanciones podrán agravarse si los participantes ocultan sus rostros o causan lesiones.
El decreto también endurece las penas por devastación y saqueo, amplía los supuestos en los que las lesiones contra agentes de seguridad pueden perseguirse de oficio y facilita la reclamación de compensaciones por los daños ocasionados durante los disturbios.
Medidas más estrictas para menores
La reforma amplía las herramientas de intervención policial sobre adolescentes y modifica las disposiciones relativas a la responsabilidad penal juvenil.
Entre las medidas anunciadas figura la posibilidad de aplicar la detención preventiva a menores en determinadas circunstancias, así como extender a estos casos la figura de la «flagrancia diferida», que permite proceder a una detención con base en pruebas obtenidas posteriormente al hecho, dentro de los límites establecidos por la ley.
La normativa también contempla cambios en la evaluación de la responsabilidad penal de los adolescentes y permite a los jueces imponer medidas cautelares a mayores de 16 años, incluso cuando puedan afectar la continuidad de sus procesos educativos.
Otra disposición establece la responsabilidad económica de los padres por determinados daños causados por sus hijos menores, conforme a las condiciones previstas en la legislación.
Despliegue militar en Milán
El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, confirmó que 500 militares reforzarán las tareas de seguridad en Milán hasta el 31 de diciembre de 2026. El contingente trabajará junto con la Policía en puntos estratégicos y en la vigilancia de instalaciones sensibles.
Por su parte, el ministro de Justicia, Carlo Nordio, anunció la incorporación de un delito específico para quienes promuevan la formación de grupos destinados a organizar manifestaciones violentas, incluso mediante herramientas digitales. Según lo anunciado, las penas previstas para esta conducta oscilarán entre cuatro y 12 años de prisión.
La aprobación del decreto estuvo precedida por discrepancias entre el Gobierno y la Presidencia de la República, encabezada por Sergio Mattarella, sobre algunas de las disposiciones. Entre los puntos cuestionados figuraba la posibilidad de atribuir funciones de Policía judicial a militares, una medida que finalmente fue retirada del texto.
El nuevo paquete constituye otra de las iniciativas impulsadas por el Gobierno de Meloni, en el poder desde octubre de 2022, para endurecer las políticas de seguridad y combatir la delincuencia. La seguridad pública y el control de los disturbios se mantienen entre los principales ejes de la agenda de su administración.
Fuente: France Press / Euronews
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