La regularización de 30.000 hectáreas en Puerto Casado dio un paso decisivo tras la aprobación de un convenio que permitirá transferir las tierras a sus ocupantes, luego de tres décadas de controversias jurídicas.
La Junta Asesora de Control y Vigilancia del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) avaló el acuerdo interinstitucional, negociado con la empresa Atenil S.A., que abre el camino para iniciar los procedimientos técnicos destinados a formalizar la tenencia de las tierras.
La iniciativa apunta a resolver uno de los históricos focos de conflicto territorial de la zona y establecer un marco jurídico para las familias campesinas que ocupan los terrenos. Con la ratificación del convenio, el INDERT prevé avanzar con los trámites de regularización.
El acuerdo contempla una articulación entre el Estado, el sector privado y las comunidades rurales, con el objetivo de favorecer la ocupación pacífica y reducir las tensiones vinculadas a la disputa por la propiedad. La formalización de las tierras también busca brindar mayor seguridad jurídica a sus ocupantes y generar condiciones para el desarrollo de actividades productivas.
La prolongada disputa no solo representa un problema social y legal. La incertidumbre sobre la tenencia de la tierra puede frenar inversiones, limitar el acceso al crédito y dificultar la incorporación de los productores a los circuitos económicos formales.
En ese contexto, la regularización de las 30.000 hectáreas en Puerto Casado se plantea como una medida que va más allá de la transferencia de tierras: busca convertir una situación de ocupación sin plena seguridad jurídica en una oportunidad para la integración económica de las familias beneficiarias.
El proceso se enmarca en el enfoque de la denominada Nueva Ruralidad, que promueve una mirada del desarrollo del campo que no se limita a la producción, sino que también contempla el acceso a derechos, la inclusión económica y la resolución de conflictos territoriales.
Aunque la aprobación del convenio representa un avance, la concreción de la transferencia dependerá de los procedimientos técnicos y administrativos que deberá llevar adelante el INDERT. El desafío será traducir el acuerdo en títulos formalizados y una solución duradera para los ocupantes de las tierras.
Fuente: INDERT
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