Radio 1000 accedió al testimonio de tres funcionarias que trabajaron en la oficina de la senadora nacional Zenaida Delgado, actualmente integrante de la Asociación Nacional Republicana (ANR), quienes denunciaron presuntos cobros ilegales, pedidos de dinero a cambio de nombramientos, presiones laborales y maltratos por parte de la legisladora.
Las mujeres afirmaron que Delgado habría exigido pagos periódicos a funcionarios de su despacho bajo el argumento de una bonificación vinculada al cargo. Además, denunciaron que habría solicitado sumas de hasta G. 100 millones para gestionar nombramientos permanentes en el Congreso Nacional.
De acuerdo con los testimonios, los pagos se habrían realizado mediante transferencias bancarias, entregas en efectivo y operaciones crediticias. Las denunciantes señalaron que cuentan con conversaciones, comprobantes y documentos que respaldarían sus acusaciones.
Denuncian pagos mensuales a la senadora
Una de las funcionarias relató que ingresó a trabajar en el despacho de Delgado el 1 de julio de 2023, con un salario de G. 4,5 millones y una bonificación de G. 1.350.000 correspondiente a su cargo de asesora.
Sin embargo, aseguró que ese monto adicional no quedaba en su poder, sino que debía entregarlo a la legisladora, directamente o a través de terceras personas.
«Más bien nosotros trabajábamos, pagábamos por trabajar», expresó durante su testimonio, al describir el sistema de cobros que, según afirmó, se habría mantenido durante varios años.
La denunciante indicó que los montos aumentaron con el tiempo. En 2025, su bonificación pasó a G. 2.100.000, suma que, según sostuvo, también debía entregar a Delgado.
Asimismo, afirmó que los pedidos de dinero eran recurrentes y podían variar entre G. 200.000, G. 500.000, G. 1 millón, G. 2 millones e incluso G. 5 millones.
La funcionaria estimó que los pagos realizados desde 2023 hasta 2026 superarían los G. 50 millones, teniendo en cuenta las bonificaciones que asegura haber entregado durante ese periodo y los incrementos salariales registrados.
También sostuvo que la negativa a realizar los pagos podía derivar en represalias laborales. Según su relato, los funcionarios temían perder sus cargos si se resistían a las exigencias.
Pedidos de hasta G. 100 millones por nombramientos
Las denunciantes también afirmaron que la senadora habría solicitado importantes sumas de dinero a cambio de gestionar nombramientos permanentes en el Congreso.
Una de las mujeres relató que en 2025, durante una conversación en el despacho legislativo, Delgado le habría comunicado que su nombramiento tenía un costo de G. 50 millones. Según indicó, aceptó inicialmente, pero tuvo dificultades para reunir el dinero debido a su salario.
La funcionaria sostuvo que posteriormente recibió mensajes y pedidos a través de otras personas para que entregara la suma acordada.
Otra de las denunciantes aseguró que la legisladora le habría solicitado G. 100 millones, distribuidos en dos pagos de G. 50 millones. Según su testimonio, cuenta con una grabación y conversaciones que respaldarían el pedido.
La mujer afirmó que, después de registrar la conversación, recibió la visita de una abogada en su lugar de trabajo, quien supuestamente le advirtió sobre las consecuencias de divulgar lo ocurrido.
Préstamos para completar el dinero exigido
Una de las funcionarias relató que, ante la presión para reunir G. 50 millones, recurrió a un préstamo del Banco Nacional de Fomento (BNF). Según su declaración, obtuvo G. 50 millones, de los cuales habría entregado G. 30 millones a la senadora y utilizado los G. 20 millones restantes para cubrir otros compromisos.
Posteriormente, a finales de noviembre, recibió un mensaje en el que se le solicitaba acudir a firmar documentos relacionados con un crédito de la Caja de Jubilaciones del Poder Legislativo.
La denunciante afirmó que Delgado figuró como codeudora de esa operación y que, tras recibir el dinero, completó el monto que presuntamente le había sido exigido.
También sostuvo que inicialmente la legisladora se había comprometido a cubrir una parte de la deuda, pero que posteriormente los pagos comenzaron a descontarse directamente de su tarjeta.
En otro caso, una funcionaria afirmó que la senadora habría intervenido en las gestiones para obtener un préstamo de la Caja de Jubilaciones. Según su relato, Delgado pretendía que solicitara G. 25 millones, pero finalmente obtuvo G. 15 millones porque consideraba que no podría afrontar una deuda mayor con su salario.
La denunciante aseguró que la legisladora se habría molestado porque no solicitó el monto que esperaba.
Denuncian maltratos y hostigamiento laboral
Además de los presuntos cobros, las mujeres describieron situaciones de maltrato verbal, hostigamiento y presiones que, según afirmaron, afectaban tanto su desempeño laboral como su vida personal.
Una de ellas relató que en varias ocasiones recibió llamadas reiteradas de la senadora y que también era contactada por terceras personas para transmitirle pedidos de dinero.
Otra denunciante sostuvo que los conflictos personales entre Delgado y un familiar suyo se trasladaban al ámbito laboral. Según explicó, la legisladora habría dividido al equipo entre quienes respaldaban a una de las partes y quienes estaban del otro lado.
Las funcionarias también denunciaron supuestos maltratos por parte de un sobrino de la senadora, quien, según sus testimonios, habría utilizado expresiones ofensivas contra integrantes del equipo.
Una de las mujeres aseguró que el ambiente laboral se volvió insostenible y afirmó que, pese a haber cumplido con sus tareas, no recibió el reconocimiento que esperaba por parte de la legisladora.
Cuestionan asistencia de funcionarios y piden intervención del Congreso
Durante sus declaraciones, las denunciantes también mencionaron presuntas irregularidades relacionadas con la asistencia de funcionarios a sus lugares de trabajo.
Una de ellas instó a verificar las listas de asistencia de las comisiones legislativas para determinar si la senadora cumplía regularmente con sus obligaciones.
Asimismo, afirmó que entre 17 y 20 funcionarios estarían vinculados al despacho y sostuvo que el temor a perder el empleo impediría que otras personas se animaran a denunciar los supuestos hechos.
Las mujeres solicitaron la intervención de las autoridades del Congreso Nacional y pidieron una reunión con el presidente de la institución para exponer sus reclamos.
Solicitan recuperar sus puestos de trabajo
Las denunciantes manifestaron que algunas funcionarias ya fueron desvinculadas y que otras se encuentran en proceso de salida. Según explicaron, dos trabajadoras con nombramiento permanente fueron afectadas, mientras que otras tres personas contratadas habrían perdido sus puestos.
Las mujeres cuestionaron las desvinculaciones y afirmaron que no existirían motivos suficientes para justificar algunas de las decisiones. Por ello, solicitaron que se dejen sin efecto las resoluciones correspondientes y que se restituyan los nombramientos y contratos.
«Detrás de esto hay una familia, hay deudas», expresó una de las funcionarias al pedir que se les permita continuar trabajando.
Las denunciantes manifestaron su temor a sufrir nuevas represalias y reclamaron que el caso no quede sin consecuencias. También solicitaron que las autoridades legislativas analicen los hechos y adopten medidas para garantizar que sus reclamos sean atendidos.
Como respaldo de sus acusaciones, mencionaron conversaciones, grabaciones, comprobantes de transferencias y documentos relacionados con operaciones crediticias de la Caja de Jubilaciones del Poder Legislativo, cuyo director es Rafael García. Los hechos denunciados deberán ser investigados y contrastados por las autoridades competentes. Hasta el momento, la información proporcionada no incluye una respuesta de la senadora Zenaida Delgado sobre las acusaciones.
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