La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena de 10 años de pena privativa de libertad dictada contra Silvina Benítez de González, de 72 años de edad, al declarar inadmisible el recurso extraordinario de casación planteado por su defensa técnica dentro de la causa tramitada por homicidio doloso.
El fallo judicial fue emitido a través del Acuerdo y Sentencia N.° 767 con el voto unánime de los ministros de la máxima instancia, María Carolina Llanes Ocampos (preopinante), Luis María Benítez Riera y Manuel Dejesús Ramírez Candia, agotando de forma definitiva la última vía de revisión del expediente.
Los magistrados concluyeron que el escrito presentado por los abogados defensores Iván Alberto González Portillo y Richard Osvaldo Almada Coronel carecía de fundamentación técnica autónoma, limitándose a reiterar cuestionamientos sobre la valoración de pruebas realizada en el juicio oral en lugar de precisar vicios de legalidad atribuidos al Tribunal de Apelación.
Con este pronunciamiento, la Corte recordó que la instancia casacional no constituye un segundo juicio para reevaluar elementos probatorios o hechos ya fijados, sino un control estricto del cumplimiento de las garantías procesales y la correcta aplicación de la norma jurídica.
Los antecedentes del caso señalan que el hecho se registró en horas de la madrugada del 8 de julio de 2022 frente a un establecimiento de juegos de azar ubicado en el barrio Sportivo de la ciudad de Itá, donde la mujer acudió tras ser alertada de incidentes que involucraban a su hijo.
En el sitio se produjeron discusiones y agresiones físicas durante una ronda de tragos y juego de truco, contexto en el cual la condenada percutió disparos con un revólver calibre 32 milímetros con el argumento de dispersar a los presentes, impactando uno de los proyectiles en Denis Rodrigo Sosa, de 29 años, quien falleció posteriormente en el Hospital Nacional de Itauguá.
Tras intentar darse a la fuga, la mujer fue aprehendida por efectivos policiales e imputada por el Ministerio Público, proceso que derivó en la Sentencia Definitiva N.° 772 del 1 de septiembre de 2025, ratificada posteriormente por la Segunda Sala del Tribunal de Apelación en lo Penal del Departamento Central el 18 de marzo de 2026 y que ahora queda firme de manera definitiva.
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